Tras cuatro meses de acumular atrasos de impago a jugadores, monitores, árbitros (no consta que no se pagaran las nóminas de los administrativos de FEGAXA)… hoy me he despertado con el ingreso de mi premio del circuito gallego, ese que me indicaban hace unos días que se retrasaría porque no había tesorero en FEGAXA.
Resulta lamentable que haya tenido que denunciar públicamente la situación (Confirmado mi premio, pero FEGAXA no paga: ¡no tiene tesorero!), ponerla en conocimiento de la Xunta de Galicia e iniciar una reclamación formal mediante burofax a la Comisión Gestora para conseguir desbloquear cuatro meses de impagos de FEGAXA.
Algo que debería haberse resuelto con una gestión administrativa mínimamente diligente ha terminado exigiendo denuncias públicas y reclamaciones formales. Y todo ello para evitar el absurdo de tener que esperar al nombramiento de una nueva Junta Directiva y un nuevo tesorero para cumplir obligaciones económicas pendientes.
Esperemos que, al menos, se esté trabajando seriamente en el inicio de la Liga Gallega y que no tengamos que seguir soportando excusas infantiles, justificaciones inverosímiles o nuevos mantras para explicar lo inexplicable.
¿Qué le espera a la nueva directiva de FEGAXA?
Son muchas las personas que me preguntan por la situación que encontrará la nueva directiva de FEGAXA cuando concluya el proceso electoral.
Personalmente, estoy intentando mantenerme al margen del universo «FEGAXA». Lo que realmente me interesa sigue siendo jugar al ajedrez y colaborar, en la medida de mis posibilidades, con quienes trabajan por este deporte.
Sin embargo, mi análisis es claro: la FEGAXA que recibirá la próxima directiva será muy diferente de la que encontró la anterior hace cuatro años.
1. Una Asamblea que ya no será dócil
Al menos un tercio de la próxima Asamblea estará integrado por personas con criterio propio, sentido crítico y voluntad de ejercer sus funciones con independencia.
Esto supone un cambio importante. Ya no bastará con dar por sentadas determinadas mayorías ni con esperar que todas las decisiones sean respaldadas sin discusión. Habrá más preguntas, más exigencias de transparencia y, previsiblemente, un mayor control de la gestión federativa.
No todo valdrá, ni todo podrá aprobarse sin explicaciones.
2. Un frente judicial que no desaparecerá con las elecciones
a) La impugnación del proceso electoral
Varios clubes con un peso relevante en el ajedrez gallego están articulando una respuesta judicial conjunta frente a lo que consideran un proceso electoral carente de la transparencia y las garantías exigibles. Están, naturalmente, en su derecho de acudir a los tribunales.
Conviene dejar algo claro: no es la actuación judicial de estos clubes la que ha fracturado el ajedrez gallego.
A mi juicio, la fractura viene de mucho antes. Es consecuencia de años de una gestión federativa caracterizada por el aislamiento, la falta de diálogo y una progresiva concentración de decisiones en un despacho de Vigo, por personas muy alejadas del ajedrez real, que ha generado entre numerosos clubes y federados una profunda sensación de exclusión.
El frente judicial no es, por tanto, el origen del conflicto. Es la expresión de un malestar acumulado durante años, de situaciones percibidas como injustas y de la ausencia de mecanismos efectivos de conciliación.
Desde la directiva saliente no se ha realizado, a mi entender, ni el más mínimo esfuerzo serio por recomponer esas relaciones.
La nueva directiva deberá asumir una realidad mucho más compleja que la de hace cuatro años. Y tendrá que hacerlo con procedimientos judiciales abiertos y con una parte significativa del ajedrez gallego que reclama cambios en la forma de gestionar la federación.
b) Las posibles responsabilidades personales
Quien piense que el proceso electoral de FEGAXA de 2026 terminará con la proclamación de una nueva presidenta o cuando los tribunales resuelvan los recursos pendientes probablemente se equivoca.
Actualmente se ha promovido un procedimiento contencioso-administrativo especial de protección de los derechos fundamentales contra el proceso electoral de FEGAXA.
Esta demanda cuestiona posibles vulneraciones de derechos constitucionales, especialmente en relación con las garantías de secreto y libertad del voto, así como con la transparencia y regularidad del procedimiento electoral.
En particular, se plantea que el sistema utilizado para gestionar el voto por correo podría haber comprometido garantías esenciales que deben presidir cualquier elección democrática.
Pero las consecuencias del proceso electoral podrían ir más allá de este procedimiento contencioso-administrativo.
Las elecciones de 2026 han dejado un rastro de actuaciones concretas, protagonizadas por personas perfectamente identificables, cuya eventual relevancia jurídica podría llegar a examinarse también en la jurisdicción penal.
No corresponde anticipar conclusiones que deberán establecer, en su caso, los tribunales. Pero tampoco resulta razonable pretender que determinadas actuaciones queden automáticamente olvidadas por el simple hecho de que termine el calendario electoral.
Cada persona debe asumir la responsabilidad de sus propias decisiones y de sus propios actos.
Y aquí convendría hacerse una pregunta muy sencilla:
Si todo lo que estamos viendo hubiera sucedido en otra federación deportiva, ¿lo consideraríamos normal?
Porque tengo la impresión de que, cuando determinados comportamientos los protagonizan personas cercanas, tendemos a relativizar su gravedad. Lo que en cualquier otra federación o institución nos parecería un escándalo, aquí algunos prefieren presentarlo como una simple anécdota, un malentendido o una cuestión sin importancia.
Las garantías electorales, la transparencia y el cumplimiento de las normas no pueden depender de quién sea el protagonista.
Ni la cercanía personal convierte una actuación irregular en aceptable, ni ganar unas elecciones supone quedar exento de responder por lo sucedido durante el proceso electoral.
