Continúo con mis diez propuestas para mejorar el ajedrez gallego. La sexta aborda tres cuestiones fundamentales: transparencia económica, garantías democráticas y prevención de conflictos de intereses.
1. Transparencia económica de verdad: hasta el último euro
No basta con publicar presupuestos con grandes partidas genéricas. Una federación que se financia con subvenciones públicas y aportaciones de los federados debería explicar detalladamente cómo utiliza sus recursos.
¿Cuánto cuestan los trofeos de los campeonatos gallegos? ¿Cuánto se paga por las retransmisiones? ¿Cuánto se ingresa por inscripciones y alojamiento? ¿Qué gastos genera cada campeonato? ¿Cuánto se destina realmente a los jugadores?
Propongo publicar una liquidación económica detallada de cada campeonato y actividad federativa, con ingresos, gastos desglosados, proveedores, servicios contratados y destino de los recursos, respetando los datos que legalmente deban protegerse.
No debería ser necesario investigar para conocer cómo se gasta el dinero de todos.
2. Los pagos no pueden depender de unas elecciones
La gestión económica de FEGAXA durante 2026 ha sido, a mi juicio, caótica.
Lo he vivido personalmente con el pago de unos premios, reclamaciones públicas, comunicación a la Xunta y, finalmente, un burofax dirigido a la Comisión Gestora para conseguir que se desbloquearan los pagos.
Una federación no puede paralizar sus obligaciones porque dimita un tesorero, haya elecciones o sus responsables no se pongan de acuerdo.
Y mucho menos podemos aceptar el argumento de que hay que elegir urgentemente una nueva presidencia porque, de lo contrario, no se podrá pagar o comenzar la Liga Gallega.
¿De verdad el funcionamiento de una federación deportiva depende de que las elecciones terminen cuanto antes?
Son excusas infantiles. Lo que necesitamos son mecanismos de sustitución, autorización y control que garanticen la continuidad de los pagos con independencia de quién gobierne.
3. Elecciones con garantías, no con sospechas
El proceso electoral de 2026 ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar profundamente nuestro sistema.
¿Por qué no facilitar el voto presencial mediante mesas en A Coruña, Ferrol, Lugo, Santiago y otras ciudades? Habría que estudiar su viabilidad, pero permitiría reducir la dependencia del voto por correo y facilitar la participación.
Precisamente el voto por correo ha generado importantes controversias sobre su trazabilidad y garantías. Existen reclamaciones y procedimientos judiciales cuya resolución habrá que respetar. No corresponde afirmar ahora que se hayan cometido delitos o irregularidades que todavía no están acreditados.
Pero exigir transparencia, secreto del voto y garantías electorales no debería convertirse en motivo de enfrentamiento.
Recurrir a los tribunales para defender derechos es perfectamente legítimo en un Estado de derecho. Presentar esos recursos como responsables de posibles retrasos en pagos o competiciones me parece otra excusa infantil.
Si existen dudas importantes, deben aclararse. Y si se acreditan irregularidades, deberán asumirse las responsabilidades que legalmente correspondan.
Ocupar un cargo representativo obtenido de forma irregular es algo muy grave. Por eso sorprende que algunos acepten puestos en la Asamblea mientras siguen abiertas controversias judiciales sobre el propio proceso electoral. Cada persona es libre de hacerlo, pero debería ser consciente de la responsabilidad que asume. Si los tribunales concluyen finalmente que hubo irregularidades en el voto por correo, las consecuencias serán serias. Y si, además, alguien obtuvo gracias a esas irregularidades un cargo en la Asamblea, la gravedad será todavía mayor. Basta pensar en cómo trata el Derecho penal el aprovechamiento de lo obtenido de forma ilícita. En el delito de receptación, el Código Penal castiga con pena de prisión a quien, sin haber participado en el delito original, se beneficia a sabiendas de sus efectos. Es decir, no hace falta haber cometido la irregularidad para incurrir en responsabilidad. Basta con aprovecharse de ella conociendo su origen. Salvando todas las distancias, el principio es claro: quien sabe que algo se ha obtenido de forma irregular y aun así decide beneficiarse de ello no queda al margen de las consecuencias.
4. Conflictos de intereses: que nadie sea juez y parte
Imaginemos una situación: una persona cobra de la Federación, se presenta a la Asamblea y después participa en la elección del presidente que interviene en las decisiones sobre su relación laboral o económica.
¿Existe un conflicto de intereses? Evidentemente, al menos potencialmente. ¿Significa automáticamente que sea ilegal? No.
Precisamente para regular situaciones como esta existe el Código de Buen Gobierno.
Las relaciones económicas entre directivos, empleados, proveedores y cargos electos deben ser conocidas, reguladas y sometidas a controles efectivos. La autocontratación de directivos, cuando pueda plantearse, exige todavía mayores garantías y el cumplimiento de las incompatibilidades legales.
No se trata de prohibir que alguien trabaje para la Federación o participe en su vida democrática. Se trata de evitar que una misma persona pueda influir en decisiones de las que obtiene un beneficio particular.
Propuesta 6. Cuatro compromisos de buen gobierno
- Transparencia económica real: publicar ingresos y gastos desglosados por campeonato, actividad y servicio contratado.
- Pagos garantizados: establecer procedimientos para cumplir las obligaciones económicas incluso durante los procesos electorales.
- Elecciones transparentes: ampliar las posibilidades de voto presencial, reforzar su trazabilidad y garantizar la independencia de los órganos electorales.
- Código de Buen Gobierno efectivo: aprobarlo, publicarlo y aplicarlo, con reglas claras sobre retribuciones, contrataciones, incompatibilidades, conflictos de intereses y responsabilidades.
La Federación Gallega de Ajedrez no pertenece a sus presidentes, directivos ni empleados.
Pertenece a los clubes y ajedrecistas a los que debe servir.
Y una federación verdaderamente democrática no debería temer las preguntas, las reclamaciones ni el control de sus decisiones. Debería ser la primera interesada en que todo fuera transparente.
