Una pequeña victoria: la Administración empieza a mirar las elecciones de la FEGAXA

Después de semanas denunciando irregularidades y acumulando episodios cada vez más difíciles de explicar, se ha producido un movimiento que, sin resolver todavía el fondo del problema, considero una pequeña victoria.

El Comité Galego de Xustiza Deportiva ha remitido determinados hechos a la Secretaría Xeral para o Deporte para que actúe en el ámbito de sus competencias. Esto es importante porque confirma algo que llevo defendiendo desde el principio: un federado no tiene por qué limitarse a contemplar pasivamente posibles irregularidades en un proceso electoral. La Administración deportiva tiene funciones de tutela y control sobre las federaciones y, cuando recibe hechos que pueden afectar a la legalidad de su funcionamiento, debe examinarlos y decidir motivadamente qué actuación corresponde.

Por eso he presentado ahora un escrito de impulso ante la Secretaría Xeral. No estoy pidiendo que se me dé la razón de antemano ni que se prejuzgue ninguna responsabilidad. Estoy pidiendo algo mucho más básico: que, una vez que los hechos han llegado formalmente a la Administración, se investiguen, se incorporen los acontecimientos posteriores y se adopte una decisión expresa.

Y el contexto ya no puede analizarse como una sucesión de anécdotas aisladas. Hemos visto una Junta Electoral constituida de forma discutida, problemas con interventores, una candidatura tratada como tal antes de estar formalmente proclamada, controversias sobre la Comisión Gestora, solicitudes de trazabilidad del voto por correo, recusaciones, decisiones contradictorias y, finalmente, una dimisión comunicada semanas después de la fecha en la que supuestamente se había producido.

Nada de esto significa que la Administración haya declarado ilegal el proceso electoral. Pero sí significa que el asunto ha dejado de estar únicamente dentro de la FEGAXA. Ahora el primer paso es que la Xunta lo revise y si no se considera satisfactorio, pasará a los tribunales contencioso-administrativos.

¿Qué ha pasado en las elecciones de la FEGAXA?

1. Raquel Calleja formaba parte de la Comisión Gestora de la FEGAXA, además de desempeñar funciones retribuidas como secretaria/auxiliar de la Federación, mientras comenzaba el proceso electoral.
2. La Junta Electoral fue constituida con deficiencias desde el inicio: se nombraron miembros titulares sin suplentes y sin establecer un verdadero trámite previo para formular recusaciones o alegaciones sobre su composición.
3. La polémica no comenzó en septiembre. Ya en julio la Junta Electoral me apercibió en dos ocasiones por contenidos publicados en mi blog. Consideré ambos apercibimientos arbitrarios, los recurrí y pedí que se identificase exactamente qué norma había infringido, qué hechos se me imputaban y qué naturaleza jurídica tenían aquellas advertencias. Fue el primer síntoma de una relación problemática entre la Junta Electoral y las garantías que deben presidir un proceso electoral.
4. El 10 de septiembre, la propia Junta Electoral llegó a hablar expresamente de una “candidatura de Raquel Calleja” y autorizó la designación de varios interventores vinculados a ella, pese a que todavía no existía una candidatura formalmente proclamada a la Presidencia.
5. Esto generó una cuestión difícil de explicar: si Raquel era ya considerada candidata a efectos de nombrar interventores, ¿cómo podía continuar formando parte de la Comisión Gestora? Y, si todavía no era candidata, ¿con qué fundamento podía disponer de interventores?
6. El 15 de septiembre, ante una consulta expresa, la Junta Electoral respondió que Raquel tendría que dimitir de la Comisión Gestora más adelante, vinculando aparentemente esa renuncia a una fase posterior del proceso electoral.
7. Posteriormente se ha comunicado, sin embargo, que Raquel habría dimitido precisamente el 15 de septiembre. Es decir, el mismo día en que la Junta Electoral indicaba que su renuncia se produciría en el futuro.
8. Esa dimisión no fue conocida públicamente ni incorporada de forma transparente al proceso en aquel momento, sino comunicada semanas después. De ahí surge la polémica sobre lo que he denominado una “dimisión diferida”: una renuncia fechada semanas antes, pero conocida cuando el conflicto ya estaba plenamente planteado.
9. Paralelamente surgieron serias controversias sobre el voto por correo, especialmente sobre la trazabilidad de las solicitudes, la posible intermediación de terceras personas y la negativa o dificultad para acceder a información que permitiera comprobar el recorrido de determinados votos.
10. En la mesa de voto por correo se llegó incluso a suspender el recuento después de solicitarse que se aclarase previamente esa trazabilidad. Posteriormente, la cuestión ha dado lugar a nuevos recursos y reclamaciones.
11. También se planteó la recusación de una vocal de la Junta Electoral, por las circunstancias de su relación previa con Raquel Calleja y por su actuación durante determinados episodios del proceso. Esa recusación fue rechazada y también ha sido objeto de impugnación.
12. A todo ello se suman resoluciones y explicaciones de la propia Junta Electoral que no siempre parecen compatibles entre sí: quién era o no candidata, cuándo debía cesar de la Gestora, qué información podía facilitarse sobre el voto por correo o qué competencias tenía la propia Junta.
13. Finalmente, parte de estos hechos han llegado ya al Comité Galego de Xustiza Deportiva, que ha considerado procedente remitir determinadas cuestiones a la Secretaría Xeral para o Deporte para que actúe dentro de sus competencias.
14. Ante esa remisión, he presentado un escrito de impulso para que la Secretaría Xeral no se limite a recibir la documentación, sino que examine el conjunto de hechos, incorpore los acontecimientos sobrevenidos —especialmente la comunicación tardía de la dimisión— y adopte una decisión expresa.

Ninguno de estos hechos, considerado aisladamente, permite anticipar cuál será la conclusión administrativa. Pero cuando se observan juntos —Gestora, candidatura, interventores, voto por correo, recusaciones, contradicciones y una dimisión conocida semanas después— resulta cada vez más difícil sostener que estamos simplemente ante pequeños errores formales. Y, por primera vez, el problema empieza a salir del ámbito interno de la FEGAXA y a entrar de lleno en el terreno de la tutela administrativa.