Primero fue que «estamos dividiendo el ajedrez gallego». Después, que «estamos judicializando el deporte». El tercero fue el miedo a la luz. Y ahora llega el cuarto: «Con tantos recursos y reclamaciones, vais a retrasar la Liga Gallega».

Varias personas me lo han comentado por Facebook, wassap y llamadas de teléfono. Mi respuesta es sencilla.

La FEGAXA tiene una Comisión Gestora, presidida por Gaspar Pérez Carnero, y una estructura administrativa que debe seguir funcionando con independencia del proceso electoral (es personal administrativo que se supone sigue cobrando su sueldo a fin de mes).

Pero hay algo más importante: el artículo 4 del Decreto 16/2018 contempla expresamente esta situación. Si las elecciones se prolongan y peligra la actividad deportiva ordinaria, la Comisión Gestora puede adoptar, las medidas para garantizar su continuidad.

Es decir, el legislador ya previó que unas elecciones pudieran complicarse y estableció una solución.

Por tanto, no veo ninguna razón para atribuir automáticamente un eventual retraso de la Liga a quienes ejercen su legítimo derecho a recurrir. Si existe algún impedimento concreto, habrá que explicarlo y buscar soluciones.

Los recursos deben seguir su curso y las competiciones también. Para eso existe una Comisión Gestora, otra cosa es lo que se esté o no haciendo…Si se retrasa la liga o los gallegos, habrá que pedir responsabilidad a los que están gestionando FEGAXA ahora mismo.

Acaban de publicarse las actas electorales. Los resultados muestran que los clubes y jugadores próximos a la candidatura oficialista han desplazado de la Asamblea a buena parte de quienes apostaban por una renovación de la Federación.

Algunas conclusiones personales:

1. Esto va para largo. Hay numerosos recursos en vía deportiva y se avecinan muchos más también en vía judicial. Mi experiencia es que la justicia deportiva suele adoptar posiciones formalistas y conservadoras, mientras que los tribunales, cuando aprecian irregularidades relevantes, no tienen inconveniente en adoptar decisiones que alteren lo inicialmente resuelto. Veremos qué sucede, aunque el recorrido judicial puede prolongarse durante años.

2. Yo no quería participar en esta historia. Desde mi regreso a Galicia, mi único interés era jugar al ajedrez. Y deportivamente el año estaba siendo extraordinario: subcampeón gallego absoluto, campeón de veteranos, podio en blitz y muchísimas partidas disputadas. También fui subcampeón del circuito gallego y subcampeón del circuito de la Diputación Provincial de A Coruña (¡no está mal para mis 52 años!) A partir de agosto, entre el cansancio y los conflictos con la Junta Electoral, mi rendimiento cayó.

Precisamente por eso quiero dejar claro que mi decisión de no participar en esta historia no responde a falta de interés por el resultado, sino a que no consideré que debiera asumir ese papel. De haber participado en la organización de la campaña, evidentemente habría planteado las cosas de otra manera. Quienes conocen mi trayectoria profesional y mi experiencia saben que suelo trabajar con planificación, eficiencia y una ejecución muy cuidada. No pretendo atribuirme méritos que no me corresponden, pero sí señalar que, con otra forma de organizar y desarrollar la campaña, el resultado probablemente habría sido muy distinto. ¿Me arrepiento? No, estoy en una fase vital que no me interesa ya participar en la gestión federativa, pero por supuesto respeto a los que quieran participar y mejorar las cosas.

3. De espectador a parte implicada. Las actuaciones de la Junta Electoral contra mí, que considero injustificadas, me obligaron a defenderme mediante reclamaciones y recursos. Conviene recordar que sus integrantes son elegidos por la Asamblea, aunque ello no permite presumir que actúen siguiendo instrucciones de nadie, pero es llamativo que gente ajena al ajedrez «disfrute» apuntándose de junta electoral a deportes en los que no tiene ninguna vinculación y después se muestren tan vehementes en los escrutinios electorales.

Este conflicto me llevó a examinar con detenimiento el funcionamiento de la FEGAXA. Y lo que he encontrado, entre deficiencias de gestión, decisiones difíciles de entender y posibles irregularidades, me ha dejado francamente preocupado.

4. Las dificultades de la renovación en las elecciones federativas. Lo ocurrido en estas elecciones no es un fenómeno exclusivo de la FEGAXA, sino una característica bastante habitual de los procesos electorales federativos. El sector vinculado a la estructura de la Federación suele partir de una ventaja organizativa muy importante: conoce los procedimientos, mantiene relaciones consolidadas con clubes y estamentos, dispone de canales de comunicación ya establecidos y cuenta con una estructura formal que le permite movilizar apoyos con mayor facilidad. Además, quienes forman parte de esa estructura suelen tener una presencia continuada en los órganos federativos y en la actividad cotidiana de la organización.

Por el contrario, el sector que plantea una renovación normalmente carece de esa infraestructura. Puede contar con buenas ideas, personas preparadas y un respaldo social significativo, pero a menudo tiene que construir desde cero una red de contactos, coordinar candidaturas, explicar el proceso electoral y movilizar a personas que no están habituadas a participar en este tipo de elecciones. Esa desigualdad de partida hace que el cambio sea especialmente difícil, incluso cuando existe un descontento amplio con la gestión existente.

Por eso las elecciones federativas no funcionan siempre como unas elecciones políticas ordinarias, en las que basta con obtener una mayoría de votos entre toda la ciudadanía. En ellas, la representación suele estar condicionada por la composición de la Asamblea, por los requisitos formales, por los plazos y por la capacidad de cada sector para organizarse dentro de una estructura ya consolidada. Quien controla o está próximo a la Federación suele tener una ventaja de organización formal que no se refleja necesariamente en su apoyo real entre los deportistas. Y quien busca la renovación puede encontrarse con que, además de defender sus propuestas, tiene que superar obstáculos organizativos y procedimentales muy considerables.

Esto explica por qué los cambios en las federaciones deportivas son tan difíciles y por qué, en muchas ocasiones, las mismas estructuras se mantienen durante largos periodos de tiempo. No significa que cualquier resultado desfavorable pueda atribuirse únicamente a esa desigualdad, ni que la renovación esté condenada al fracaso, pero sí que quienes aspiran a promoverla necesitan una planificación muy rigurosa, una organización sólida y una estrategia sostenida en el tiempo. Como esto no se suele dar, vemos largos periodos de la misma cuestionable gestión en muchos deportes y muchas autonomías.

5. Mi pronóstico es pesimista. Si, como parece seguro, Raquel Calleja acaba siendo presidenta, mucho me temo que los próximos cuatro años serán de rápido deterioro progresivo de la Federación. No descartaría siquiera que la situación hiciera necesario plantear cambios antes de terminar el mandato.

Lo digo sin acritud y desde mi experiencia directa con el circuito gallego, la promoción, la gestión federativa y sus procedimientos administrativos. Ojalá me equivoque, pero lo que he conocido estos meses no invita precisamente al optimismo. El deterioro ya ha sido muy acusado e irá a peor. El que tenga dudas, que pregunte si FEGAXA aprovechará financieramente el próximo Xacobeo 2027 para un gran evento o captar fondos…o se les ha olvidado como publicar la relación final de premiados del Circuito Gallego.

La extraordinaria cantidad de votos por correo en las elecciones de la Federación Galega de Xadrez ha sorprendido a muchos. A mí, no tanto. La movilización del voto por correo es una estrategia habitual en las elecciones federativas, especialmente entre quienes conocen bien los procedimientos.

Pero ahora surge una cuestión que me están trasladando algunos jugadores: ¿qué ocurre si entregué mi DNI o firmé una autorización para que alguien gestionara mi voto?

Conviene aclarar algunas cosas:

• Entregar el DNI no equivale a autorizar legalmente a otra persona. Para solicitar el voto por correo mediante representante debe acreditarse la representación (artículo 5 de la Ley 39/2015).
• El poder debería estar limitado al procedimiento DE200A, como contempla expresamente la Circular 2/2026 de la Xunta mediante el trámite PR005C.
• Autorizar a alguien a solicitar el voto no significa autorizarlo a decidir qué papeleta introducir. El voto debe ser personal y libre.
• Mucho cuidado con los poderes generales. A diferencia de un poder limitado al voto por correo, pueden permitir realizar otras actuaciones administrativas en nombre del titular. No autorizan automáticamente a pedir por ejemplo un créditos bancario, pero nos pueden meter en un buen lío. Conviene conocer exactamente su alcance.
• Los poderes pueden consultarse y revocarse. Quien haya firmado una autorización debería comprobar qué facultades concedió, a quién y durante cuánto tiempo. Si tienes alguna duda sobre este asunto, te aconsejo que contactes con la persona a la que has dado el poder para que te informe exactamente de qué gestiones ha realizado y qué tipo de poder has otorgado. Y, si tienes dudas sobre si ese poder puede utilizarse para otros fines distintos del voto por correo de FEGAXA, considera revocarlo inmediatamente.

Y una última pregunta: ¿cuántas personas que entregaron su DNI saben realmente qué documentación se presentó en su nombre ante la Xunta?

La Administración debe poder comprobar la representación utilizada en las solicitudes DE200A. Esa es precisamente una de las razones por las que resulta tan importante la trazabilidad del voto por correo, reiteradamente solicitada durante este proceso electoral.

No se trata de alarmar, sino de informar: entregar el DNI, otorgar un poder y emitir un voto son tres cosas jurídicamente diferentes. Y cada persona tiene derecho a saber qué se ha hecho en su nombre.

El escrutinio se habría celebrado sin aportar la documentación de trazabilidad reclamada. Según fuentes presentes en la Mesa Electoral, se contabilizaron más de 150 votos por correo y alrededor de 120 papeletas de jugadores respaldaban exactamente la misma lista cerrada. El resultado apunta a una Asamblea dominada por el sector afín a Raquel Calleja, que se perfila como próxima presidenta de la Federación Gallega de Ajedrez.

Un escrutinio que cambia por completo el resultado de las elecciones

Este martes, 13 de octubre, se habría celebrado finalmente el escrutinio del voto por correo de las elecciones a la Asamblea General de la Federación Gallega de Ajedrez (FEGAXA).

Y, según la información que me llega de personas presentes en la Mesa Electoral, el resultado supondría un vuelco considerable respecto a lo que había reflejado la votación presencial.

Se habrían contabilizado más de 150 votos por correo. Lo más llamativo es que, entre los correspondientes al estamento de jugadores, aproximadamente 120 habrían respaldado exactamente la misma lista cerrada de candidatos, la identificada con el sector oficialista.

La consecuencia sería que una parte importante de los representantes elegidos inicialmente mediante el voto presencial, vinculados a la candidatura alternativa, quedarían desplazados tras incorporar el voto por correo.

En definitiva, el resultado final dejaría una Asamblea ampliamente dominada por el sector que ha controlado la Federación durante los últimos años. A nivel de clubes, también se produciría un gran desplazamiento de los clubes votados presencialmente.

Estas cifras proceden de información recibida tras el escrutinio y deberán contrastarse con las actas oficiales cuando estén disponibles.

Más de 120 papeletas idénticas y dudas sobre los sobres

Hay circunstancias del recuento que merecen, como mínimo, una explicación.

Según las mismas fuentes, alrededor de 120 papeletas de jugadores contenían exactamente la misma selección de candidatos, correspondiente a la lista considerada oficialista.

Naturalmente, que muchas personas voten a una misma candidatura no constituye ninguna irregularidad. Es perfectamente legítimo que los electores compartan preferencias y voten de forma coincidente.

Sin embargo, el volumen de votos idénticos resulta especialmente llamativo en el contexto de un proceso electoral que lleva meses rodeado de controversias y reclamaciones sobre el voto por correo.

A ello se añade otra información que me trasladan: aparentemente, numerosos sobres presentaban una caligrafía muy similar.

Conviene ser rigurosos. No he podido comprobar personalmente esta última circunstancia y una semejanza en la escritura tampoco demostraría por sí sola ninguna actuación irregular.

Pero ambas cuestiones, junto con las dudas sobre la tramitación de las solicitudes y la trazabilidad documental, justifican que se realicen las comprobaciones necesarias por los órganos competentes.

Lo verdaderamente importante no es que muchos jugadores hayan votado lo mismo, sino que pueda garantizarse que cada voto fue emitido libre y personalmente por su titular, respetando las exigencias legales y reglamentarias.

El recuento se celebra sin aclarar la trazabilidad del voto por correo

Pero quizá el aspecto más preocupante de la jornada no sea el resultado numérico.

Lo verdaderamente relevante es que, según la información recibida, el escrutinio se habría llevado a cabo sin que previamente se aportase la documentación de trazabilidad que se venía reclamando.

Recordemos que el pasado 29 de septiembre se suspendió el escrutinio del voto por correo precisamente en medio de las controversias sobre las garantías de su tramitación.

Desde entonces se han presentado reclamaciones y actuaciones para exigir la documentación que permita comprobar el recorrido administrativo de los votos, especialmente la relacionada con las solicitudes y su tramitación.

Sin embargo, finalmente se habrían abierto y contabilizado los sobres sin que esas cuestiones estuvieran documentalmente aclaradas.

Y aquí aparece el problema de fondo: contar las papeletas permite conocer su contenido, pero no resuelve por sí solo las dudas sobre la regularidad del procedimiento seguido hasta que llegaron a la urna.

Un escrutinio puede determinar cuántos votos recibe cada candidatura. Otra cuestión distinta es acreditar que esos votos cumplen todas las garantías exigibles.

Estas cuestiones seguirán siendo objeto de las reclamaciones y procedimientos correspondientes.

Raquel Calleja, camino de la Presidencia de FEGAXA

Con la composición de la Asamblea que previsiblemente resultará de este escrutinio, el escenario político parece bastante definido.

El sector afín a Raquel Calleja dispondría de una mayoría suficientemente amplia como para convertirla en la gran favorita para presidir la Federación Gallega de Ajedrez.

Conviene recordar que durante el proceso electoral se han producido actuaciones que apuntan claramente hacia esa posibilidad.

La propia Junta Electoral se ha referido a Raquel Calleja como candidata a la Presidencia en comunicaciones anteriores, y se han solicitado interventores vinculados a su candidatura.

A ello se añade su dimisión de la Comisión Gestora, conocida posteriormente a través de la documentación electoral.

Aunque todavía deberá formalizarse y tramitarse la candidatura presidencial conforme al calendario y a las normas aplicables, todo apunta a que Raquel Calleja aspira a ocupar la Presidencia de FEGAXA.

Y si, como parece, cuenta con el respaldo mayoritario de la nueva Asamblea, lo previsible es que termine siendo elegida.

Salvo que se produzcan acontecimientos que alteren el desarrollo del proceso electoral, la Federación se encamina hacia una nueva etapa bajo la Presidencia de Raquel Calleja y con una Asamblea ampliamente favorable a su sector.

Las elecciones terminan en las urnas, pero continúan en los tribunales

Sin embargo, hay algo que no debe confundirse: una cosa es obtener una mayoría electoral y otra muy distinta que hayan quedado resueltas las controversias sobre la legalidad del procedimiento.

Durante los últimos meses se han sucedido reclamaciones ante la Junta Electoral, actuaciones ante el Comité Galego de Xustiza Deportiva y procedimientos judiciales relacionados con distintas decisiones y actuaciones del proceso electoral.

Algunos de esos procedimientos afectan directamente a la actuación de los órganos electorales y a las garantías que deben respetarse durante las elecciones.

Por tanto, aunque la Federación pueda avanzar hacia la constitución de su nueva Asamblea y la elección de la Presidencia, las cuestiones jurídicas pendientes no desaparecen por el mero hecho de haber realizado el escrutinio.

Los tribunales deberán pronunciarse sobre los asuntos sometidos a su conocimiento y determinar, en su caso, si las actuaciones impugnadas se ajustaron a Derecho y qué consecuencias corresponderían ante posibles irregularidades.

No debe anticiparse una eventual anulación de las elecciones, del mismo modo que tampoco puede darse por definitivamente zanjada su legalidad mientras existan procedimientos pendientes.

Es perfectamente posible que la nueva Asamblea se constituya, que elija a la próxima presidenta y que, paralelamente, continúen durante meses los procedimientos judiciales y las reclamaciones, con las consecuencias que legalmente puedan derivarse de sus resoluciones.

Una mayoría política bajo una sombra de controversia

El resultado que se perfila deja una situación cuando menos singular.

Por un lado, el sector oficialista habría conseguido una victoria decisiva en la composición de la Asamblea, apoyada fundamentalmente en el voto por correo.

Por otro, el procedimiento que ha conducido a ese resultado continúa cuestionado por reclamaciones sobre su transparencia, trazabilidad y garantías electorales.

Las informaciones sobre la elevada coincidencia de papeletas y la posible similitud de la caligrafía de numerosos sobres añaden nuevos elementos que merecen ser comprobados, sin que ello permita afirmar que se haya cometido fraude alguno.

Lo razonable sería que la Federación facilitase toda la documentación que legalmente proceda, respondiese de forma motivada a las reclamaciones y despejase las dudas existentes con la máxima transparencia.

Porque la legitimidad de unas elecciones no depende exclusivamente de contar los votos, sino también de poder garantizar que todo el procedimiento se ha desarrollado conforme a las normas.

Todo apunta a que Raquel Calleja será la próxima presidenta de la Federación Gallega de Ajedrez. Pero su previsible elección no pondrá fin a los procedimientos judiciales y a las controversias que han acompañado estas elecciones.

El sector oficialista parece haber ganado la batalla electoral.

La batalla judicial, sin embargo, continúa abierta.

La Federación publica una clasificación sin identificar a los verdaderos premiados y recuerda el plazo para reclamar los premios cuando ya ha vencido. Todo ello en una entidad que cuenta con dos administrativos contratados y cuya gestión parece cada vez más desorientada desde el inicio del proceso electoral.

Este año he participado en once torneos del XXXVII Circuito Gallego de Ajedrez. He conseguido 61 puntos y, una vez aplicados los requisitos de participación, me corresponde el segundo premio de la clasificación general, dotado con 250 euros.

Lo curioso es que me tuve que enterar por unos amigos de que había terminado segundo en el Circuito.

No recuerdo haber visto una difusión destacada de las clasificaciones generales en la página principal de la Federación durante el desarrollo de la competición. Las clasificaciones estaban disponibles en el apartado correspondiente, pero su publicidad me pareció francamente insuficiente.

Y había otro problema: los documentos no distinguían a quienes cumplían el mínimo de torneos exigido para obtener premio de quienes simplemente habían sumado puntos participando en unas pocas pruebas.

Pero lo ocurrido hoy, 13 de octubre, supera todo lo anterior.

Un recordatorio que llega después de finalizar el plazo

FEGAXA publica hoy el siguiente aviso:

«Lémbrase tal e como indica nas bases do XXXVII Circuito Galego de Xadrez que os gañadores deben poñerse en contacto coa FEGAXA, por escrito e facilitando os seus datos, nos 15 días seguintes á finalización do último torneo do circuito para optar ao premio».

Traducido: los jugadores premiados deben dirigirse por escrito a la Federación, facilitando sus datos, durante los quince días siguientes a la finalización del último torneo.

El último torneo terminó el 26 de septiembre.

La clasificación general se publicó el 28 de septiembre.

El plazo de quince días naturales, contado desde la finalización del torneo, terminó el 11 de octubre.

Y la Federación publica el recordatorio el 13 de octubre.

¿Qué sentido tiene recordar a los jugadores una obligación cuando el plazo previsto para cumplirla ya ha finalizado?

Es cierto que ese requisito figuraba en las bases del Circuito. No lo discuto.

Pero parece bastante evidente que un recordatorio de estas características debería publicarse antes de que venza el plazo, no después.

Y, preferiblemente, cuando los interesados sepan de manera inequívoca que son beneficiarios de un premio.

Este año he ganado otros premios y nunca tuve que reclamarlos

Durante 2026 he obtenido premios en el Campeonato Gallego Absoluto, en el de Veteranos y en el Campeonato Gallego de Blitz.

En esas competiciones no tuve que enviar un escrito a FEGAXA para comunicarle que había ganado.

La propia Federación se ponía en contacto conmigo para gestionar los premios.

Es lo normal.

La Federación conoce los resultados, dispone de las clasificaciones y tiene identificados a sus jugadores federados.

Si necesita un número de cuenta o determinados datos fiscales para realizar una transferencia, lo lógico es que contacte con el premiado para solicitárselos.

Pero en este Circuito parece que hemos cambiado de sistema: ahora corresponde al jugador averiguar por su cuenta que ha obtenido un premio y, además, recordar que dispone de quince días para comunicar sus datos.

Y si no se entera, ¿qué ocurre? ¿Pierde un premio que ha ganado jugando al ajedrez?

Esa es una pregunta que la Federación debería aclarar.

Ni entrega de premios del Circuito ni relación de premiados

Conviene aclarar también otra cuestión.

El 26 de septiembre se celebró el último torneo del Circuito. En aquel acto se entregaron los premios correspondientes a ese torneo concreto, no los premios económicos de la clasificación general del Circuito Gallego.

La distinción es importante, porque la noticia publicada posteriormente por FEGAXA habla de clausura y entrega de premios del Circuito, una denominación que puede inducir a confusión.

Terminada la competición, lo esperable habría sido publicar una relación clara de los premiados generales.

Algo tan sencillo como:

• Primer premio: jugador, puntos, torneos disputados y cuantía.
• Segundo premio: jugador, puntos, torneos disputados y cuantía.
• Y así sucesivamente hasta completar los premios previstos.

Sin embargo, eso no es lo que encontramos.

Una clasificación general sin depurar

FEGAXA publicó un documento titulado «Clasificación Final XXXVII Circuito Gallego de Ajedrez 2026».

Pero ese documento incluye a jugadores que no reúnen el mínimo de participaciones exigido para optar a los premios económicos.

Es decir, no es una relación de premiados, sino una clasificación general de puntuaciones sin filtrar por los requisitos de adjudicación.

Por ejemplo, aparecen en puestos destacados jugadores que únicamente han disputado dos torneos, cuando las bases específicas exigen un mínimo de ocho para optar a los premios generales.

Por tanto, para averiguar quién ha ganado realmente un premio es necesario examinar la clasificación, comprobar las participaciones y excluir a quienes no cumplen los requisitos.

Un trabajo que debería haber realizado la propia Federación antes de identificar a los beneficiarios.

¿Resulta tan difícil preparar una tabla con los cinco premiados, sus puntuaciones y las cantidades que les corresponden?

Estamos hablando de cinco premios económicos.

Cinco nombres. Cinco cantidades. Y una comprobación elemental del número de torneos disputados.

Sin embargo, ni siquiera eso aparece presentado de forma diferenciada en la documentación publicada.

¿Y si la clasificación contiene errores?

Hay una segunda cuestión que tampoco debería pasar inadvertida.

La Federación denomina «definitiva» a una clasificación general, pero no he encontrado una publicación separada de la relación de premiados que indique expresamente cómo reclamar posibles errores.

Porque pueden existir errores en las puntuaciones, en el cómputo de torneos, en los desempates o en la aplicación de los requisitos de participación.

Una gestión razonable sería publicar una relación provisional de beneficiarios, comunicar el procedimiento y plazo de reclamaciones aplicable y, una vez resueltas las incidencias, establecer la relación definitiva de premiados.

No afirmo que todos los trámites de la Ley 39/2015 sean automáticamente aplicables a esta competición federativa. Pero la publicidad, la transparencia y la posibilidad de corregir errores deberían formar parte de cualquier procedimiento mínimamente riguroso de adjudicación de premios económicos.

Especialmente cuando después se pretende exigir a los beneficiarios el cumplimiento de un plazo que puede afectar a su cobro.

¿Cómo se puede ser tan exigente con el plazo de los jugadores y tan poco cuidadoso a la hora de identificar públicamente a los premiados?

Dos administrativos contratados y una gestión difícil de entender

Y aquí aparece otra cuestión que me llama especialmente la atención.

FEGAXA cuenta con dos trabajadores administrativos contratados.

No estamos hablando de una federación en la que toda la gestión dependa exclusivamente de voluntarios que dedican unas horas de su tiempo libre.

Existe personal contratado para realizar tareas administrativas.

Precisamente por eso resulta todavía más difícil comprender que la clasificación no identifique expresamente a los premiados o que el recordatorio del plazo para comunicar los datos se publique después de su vencimiento.

Naturalmente, desconozco quién tenía encomendada cada tarea y quién decidió cómo y cuándo publicar estos documentos. La responsabilidad de que la gestión funcione correctamente corresponde a la Federación y a sus órganos de dirección.

Pero hay una circunstancia que no puedo dejar de señalar.

Desde que comenzó el proceso electoral de FEGAXA, da la impresión de que la gestión administrativa ordinaria está especialmente desatendida.

Llevamos meses asistiendo a controversias, reclamaciones, resoluciones y problemas relacionados con el proceso electoral.

Y ahora, cuando miramos una cuestión tan sencilla como la gestión de cinco premios deportivos, encontramos también deficiencias de publicidad, información y organización.

No sé si el proceso electoral está absorbiendo demasiada atención y recursos administrativos. Lo que sí puedo decir es que, desde que comenzó, mi percepción del funcionamiento cotidiano de la Federación es cada vez peor.

Porque el ajedrez gallego no se detiene mientras se celebran unas elecciones.

Las competiciones continúan, los jugadores siguen participando y la administración federativa tiene que seguir funcionando con normalidad.

Una federación no puede estar tan pendiente de sus disputas electorales que descuide la gestión ordinaria de sus competiciones.

Y, desde luego, contar con dos administrativos contratados debería contribuir a evitar situaciones como esta.

He comunicado mis datos y solicitado explicaciones

Tras conocer el recordatorio publicado hoy, he remitido a FEGAXA mis datos para solicitar el abono del premio que me corresponde.

También he solicitado formalmente que se publique, a la mayor brevedad posible, una relación específica de premiados que identifique a los jugadores que cumplen todos los requisitos reglamentarios, su clasificación a efectos de premio y las cantidades correspondientes.

Asimismo, he pedido que se establezcan y comuniquen los cauces y plazos de reclamación y subsanación que resulten aplicables.

No estoy pidiendo ningún privilegio.

Estoy reclamando una actuación que debería ser perfectamente ordinaria en cualquier federación deportiva: publicar una relación clara de quién ha ganado cada premio y permitir comprobar que se han aplicado correctamente las bases.

Una vez más: chapuza, improvisación y caos administrativo

Lo verdaderamente preocupante de este episodio no son mis 250 euros.

Es la forma de gestionar una competición que acumula treinta y siete ediciones.

Una clasificación general sin identificar expresamente a los jugadores premiados.

Una difusión que considero insuficiente.

Un recordatorio publicado cuando el plazo ya ha terminado.

Una entrega de premios del último torneo que puede confundirse, por la denominación de la noticia federativa, con una entrega de los premios generales del Circuito.

Y ninguna explicación clara sobre las consecuencias de que un ganador no haya comunicado sus datos en esos quince días.

Cada cuestión, examinada por separado, puede parecer menor.

Pero juntas ofrecen una imagen que, a mi juicio, resulta muy preocupante.

Chapuza, improvisación y caos administrativo.

Esa es la sensación que me produce comprobar cómo se ha gestionado este año la clasificación y la adjudicación de los premios del Circuito Gallego.

Y resulta todavía más difícil de entender cuando la Federación dispone de personal administrativo contratado.

Desde que comenzó el proceso electoral, las controversias sobre el funcionamiento federativo no han dejado de sucederse. Este episodio es otra razón para exigir que la gestión ordinaria se realice con rigor, transparencia y respeto a los jugadores.

Porque publicar documentos no es lo mismo que informar correctamente.

Porque una clasificación general no es necesariamente una relación de premiados.

Y porque un premio ganado sobre el tablero no debería acabar convertido en un problema burocrático por una gestión deficiente.

El ajedrez gallego merece algo mejor. Y sus jugadores también.

Actualización 19:44: días hábiles o días naturales

Me escriben federados comentando que todavía puede estar el plazo abierto, ya que se pueden entender los 15 días como hábiles. Pero también al ser los 15 días «siguientes» se refuerza la hipótesis de naturales, ya que es un plazo privado de la federación. Demos por tanto un margen de la duda a la fecha del aviso, otra cosa es que no se haya publicado la clasificación final real de los premiados y avisados a los 5 que somos, que no somos tantos!.

El Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela ordena tramitar el recurso de Arian González Pérez por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales, reclama urgentemente el expediente al Comité Galego de Xustiza Deportiva y abre una pieza separada para decidir sobre la suspensión cautelar. Las actuaciones de la Junta Electoral, la Comisión Gestora y el propio Comité quedan en el centro de la controversia judicial.

Tres resoluciones judiciales en un mismo día

El 13 de octubre de 2026 puede marcar un punto de inflexión en el controvertido proceso electoral de la Federación Galega de Xadrez (FEGAXA).

El Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela, Sección de lo Contencioso-Administrativo, Plaza n.º 1, ha dictado tres resoluciones que suponen un importante avance para la impugnación judicial promovida por Arian González Pérez.

La primera victoria es procesal, pero tiene una notable trascendencia: el procedimiento seguirá la vía especial de protección de los derechos fundamentales, en lugar de quedar limitado a la tramitación inicial de una solicitud cautelarísima.

El juzgado reconoce expresamente que el escrito presentado no era simplemente una solicitud de medidas cautelarísimas, sino una demanda de protección de derechos fundamentales acompañada de una petición de medidas cautelares.

Por ello, ordena transformar la tramitación del procedimiento y aplicar las normas específicas de protección de estos derechos.

No se trata todavía de una sentencia sobre las irregularidades denunciadas. Sin embargo, supone que el conflicto electoral ha entrado formalmente en una vía judicial especialmente relevante: la destinada a examinar posibles vulneraciones de derechos fundamentales.

El Comité Galego de Xustiza Deportiva deberá remitir su expediente en cinco días

La segunda decisión judicial afecta directamente al Comité Galego de Xustiza Deportiva (CGXD), órgano administrativo autonómico al que se han trasladado diversas controversias del proceso electoral.

El juzgado ha acordado requerirle con carácter urgente para que remita, en un plazo máximo de cinco días desde la recepción del requerimiento, el expediente administrativo correspondiente.

Además, exige que la documentación se entregue de forma completa, ordenada cronológicamente, foliada y acompañada de un índice electrónico.

La resolución establece expresamente que la falta de remisión del expediente dentro del plazo previsto no suspenderá el procedimiento judicial.

Esta decisión adquiere especial importancia en un proceso electoral rodeado de reclamaciones sobre el voto por correo, la composición y actuación de la Junta Electoral y la respuesta de los organismos encargados de supervisar la legalidad del proceso.

Ahora será necesario contrastar las actuaciones y resoluciones del Comité con los antecedentes administrativos y las reclamaciones presentadas.

La controversia deja de desarrollarse exclusivamente en el ámbito federativo y administrativo: pasa a estar sometida al examen de un órgano judicial.

La Junta Electoral y la Comisión Gestora, en el centro de las irregularidades denunciadas

Aunque las resoluciones judiciales identifican formalmente como partes demandadas a FEGAXA y al Comité Galego de Xustiza Deportiva, buena parte del conflicto tiene su origen en las actuaciones de la Junta Electoral y de la Comisión Gestora de la federación.

Entre las cuestiones denunciadas a lo largo del proceso figuran:

• La gestión del voto por correo, especialmente las dudas planteadas sobre su trazabilidad y las garantías para verificar la regularidad de las solicitudes y de la documentación electoral.
• La actuación de la Junta Electoral, cuestionada por distintas decisiones relativas a la organización del proceso, la composición del órgano y la tramitación de reclamaciones.
• La posición de la Comisión Gestora, cuya neutralidad y las posibles incompatibilidades derivadas de la participación de sus integrantes en el proceso electoral han sido objeto de controversia.
• La intervención del Comité Galego de Xustiza Deportiva, al que se ha acudido para solicitar la revisión de actuaciones y resoluciones relacionadas con las elecciones.

Estas cuestiones constituyen el contexto de las impugnaciones y reclamaciones formuladas. No han sido declaradas probadas ni ilegales por el juzgado.

Pero existe una diferencia fundamental respecto a la situación anterior: el conflicto ya no depende únicamente de las decisiones adoptadas dentro de la propia estructura federativa o de los órganos administrativos deportivos.

Ahora hay un procedimiento judicial en marcha.

La suspensión cautelar sigue sobre la mesa

La tercera decisión del 13 de octubre también es relevante.

El juzgado ha acordado formar una pieza separada para resolver sobre las medidas cautelares solicitadas por Arian González Pérez.

La petición se tramitará por el procedimiento cautelar ordinario, después de que una resolución anterior descartase su tramitación inmediata sin audiencia previa.

La Federación Galega de Xadrez, el Comité Galego de Xustiza Deportiva y el Ministerio Fiscal disponen de cinco días para presentar sus alegaciones.

Por tanto, la suspensión cautelar solicitada sigue pendiente de decisión judicial.

La cuestión adquiere una dimensión especial porque las actuaciones electorales pueden producir consecuencias difíciles de revertir si posteriormente se determina que existieron vulneraciones de derechos.

El órgano judicial tendrá que valorar los perjuicios que podrían derivarse de continuar el procedimiento electoral, así como los intereses generales y de terceros afectados por una eventual suspensión.

Por ahora, no se ha acordado la suspensión. Tampoco se ha rechazado definitivamente la solicitud cautelar.

Una primera victoria jurídica, no todavía una sentencia definitiva

Conviene distinguir el significado de lo ocurrido.

El juzgado no ha anulado las elecciones, no ha declarado ilegales las actuaciones de la Junta Electoral y tampoco ha condenado a la Comisión Gestora ni al Comité Galego de Xustiza Deportiva.

Lo que sí ha hecho es adoptar tres decisiones de indudable relevancia procesal:

Primera: encauzar la demanda por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales.

Segunda: exigir urgentemente al Comité Galego de Xustiza Deportiva el expediente administrativo para su examen judicial.

Tercera: mantener abierta la cuestión cautelar y dar audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal antes de resolverla.

Son avances concretos, documentados y verificables.

Y suponen que las controversias sobre la actuación de los órganos responsables del proceso electoral serán examinadas fuera del ámbito de la propia federación.

La Justicia entra en el proceso electoral de FEGAXA

Durante los últimos meses, las reclamaciones sobre las elecciones federativas han generado una creciente controversia acerca de las garantías electorales, las responsabilidades de quienes organizan el proceso y la actuación de los organismos llamados a supervisarlo.

Las resoluciones del 13 de octubre abren una nueva etapa.

La Junta Electoral y la Comisión Gestora deberán contar con que sus actuaciones pueden ser objeto de examen judicial a través del procedimiento seguido frente a FEGAXA y al CGXD. Este último, además, ha recibido ya un requerimiento judicial urgente para aportar el expediente correspondiente.

La primera victoria jurídica de Arian González Pérez consiste en haber conseguido que la controversia electoral se tramite por la vía de protección de los derechos fundamentales y que avance el control judicial sobre las decisiones administrativas cuestionadas.

Queda pendiente lo más importante: la decisión sobre las medidas cautelares y, posteriormente, el pronunciamiento sobre el fondo.

Pero el escenario ha cambiado.

La Junta Electoral, la Comisión Gestora y el Comité Galego de Xustiza Deportiva ya no pueden contemplar el conflicto como una controversia exclusivamente interna de la federación. Sus actuaciones y las reclamaciones formuladas contra ellas han entrado en una nueva fase de escrutinio judicial.

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Los miembros de la Junta Electoral de la FEGAXA no necesitan ser ajedrecistas federados, pero parecen haber estudiado con especial atención algunas reglas del ajedrez: durante las partidas está prohibido hablar sobre las jugadas y las reclamaciones incorrectas pueden acarrear sanciones.

El problema es que parecen empeñados en trasladar esas reglas fuera del tablero: pretenden que no se comenten sus actuaciones y que quien las cuestione se exponga a apercibimientos.

Quizá convendría recordarles que la libertad de expresión y el derecho a formular reclamaciones ante las instituciones no se rigen por las Leyes del Ajedrez de la FIDE, sino por la Constitución española. Y, a juzgar por sus actuaciones, esta última normativa parece resultarles bastante menos familiar.

La Junta Electoral de la Federación Galega de Xadrez (FEGAXA) acaba de sorprenderme con una nueva resolución, fechada el 8 de octubre de 2026, que contiene otra advertencia de posibles sanciones contra mí.

Reconozco que estoy empezando a sentirme importante. No soy candidato, no soy miembro de ninguna candidatura, no soy interventor y tampoco tengo derecho a votar en estas elecciones. Pero, por alguna razón, parece que me he convertido en una de las principales preocupaciones de la Junta Electoral.

Primero me apercibieron por escribir. Ahora me advierten de posibles sanciones por recurrir.

A este paso, cualquier día me llega una resolución prohibiéndome pensar en las elecciones sin autorización previa.

Primera jugada: cuidado con lo que escribes

En julio, la Junta Electoral ya me dirigió dos comunicaciones con apercibimientos disciplinarios a raíz de mis publicaciones sobre el proceso electoral.

¿Mi terrible comportamiento? Publicar información sobre un programa electoral que pretendia mejorar el ajedrez gallego.

En la publicación cuestionada no pedía el voto para nadie, no solicitaba apoyo para candidatura alguna ni hacía campaña electoral.

Pero la Junta entendió que había motivos para apercibirme.

Mi interpretación es que aquellas advertencias suponían una injerencia injustificada en mi libertad de expresión, protegida por el artículo 20 de la Constitución.

Quizá sus integrantes crean que, durante unas elecciones, los federados debemos guardar un respetuoso silencio mientras observamos cómo se desarrolla el espectáculo.

Una especie de ajedrez silencioso, pero no porque lo exija el reglamento de competición, sino porque opinar podría salir caro.

Segunda jugada: cuidado con lo que recurres

Como no me convenció demasiado aquella peculiar interpretación de mis derechos, decidí utilizar los mecanismos legales de reclamación.

Y hoy, 8 de octubre, la Junta Electoral ha vuelto a sorprenderme.

En su nueva resolución, desestima una reclamación que había presentado sobre su composición e independencia, incluyendo la recusación de sus miembros.

Hasta aquí, nada extraordinario. Los órganos administrativos y federativos pueden desestimar reclamaciones. Para eso también están.

Pero la Junta ha decidido añadir algo de emoción al procedimiento.

Afirma que mi reclamación es «xenérica, elaborada con IA» y que persigue el bloqueo del proceso electoral.

¡Con inteligencia artificial!

Parece que hemos descubierto una nueva causa de inadmisión: utilizar herramientas informáticas para redactar un recurso.

Menos mal que no lo presenté escrito con una pluma estilográfica. Igual me acusaban de intentar reproducir la Revolución francesa.

Y, por si fuera poco, añade que, si reincido en presentar recursos que considera vacíos, «poderá ser sancionado por elo».

Es decir, según mi interpretación, hemos pasado de advertirme por publicar opiniones a advertirme por presentar reclamaciones.

Un avance verdaderamente notable en la interpretación de los derechos de los federados.

Tercera jugada: una Junta que parece jugar sin plan

En ajedrez existe una máxima muy conocida, atribuida a Savielly Tartakower:

«La táctica consiste en saber qué hacer cuando hay algo que hacer. La estrategia consiste en saber qué hacer cuando no hay nada que hacer».

Confieso que me cuesta identificar la estrategia de esta Junta Electoral.

Primero me apercibe por mis publicaciones. Después, cuando cuestiono jurídicamente sus actuaciones, me advierte de posibles sanciones por seguir recurriendo.

En mi opinión, la Junta está confundiendo la defensa de sus decisiones con la defensa de su posición sobre el tablero.

Y eso, en ajedrez, suele terminar bastante mal.

Una cosa es realizar una mala jugada. Otra muy distinta es pretender que nadie pueda señalarla.

Por cierto, existe una regla elemental que cualquier ajedrecista conoce: cuando estás en jaque, no puedes resolver el problema amenazando al jugador que te ha dado jaque.

Hay que encontrar una jugada legal.

Cuarta jugada: los recusados resuelven la reclamación sobre su recusación

La última resolución tiene otro detalle curioso.

Había solicitado la recusación de los tres miembros de la Junta Electoral y la reclamación ha sido desestimada mediante una resolución firmada precisamente por esos tres miembros.

La cuestión de si correspondía tramitar un incidente específico de recusación, y ante qué órgano, tendrá que examinarse conforme a la normativa aplicable.

No sé cómo terminaría esa partida, pero desde luego el acta arbitral sería interesante.

Quinta jugada: la Constitución no es una variante opcional

Más allá del humor, estamos ante una cuestión que considero seria.

El derecho a la libertad de expresión no desaparece durante unas elecciones federativas.

Tampoco desaparece el derecho a formular reclamaciones y utilizar los recursos legalmente previstos.

Naturalmente, ningún derecho es absoluto y presentar recursos no garantiza que sean estimados. Pero una cosa es desestimar una reclamación por motivos jurídicos y otra muy distinta es acompañar la desestimación de advertencias sancionadoras sin identificar claramente la infracción que supuestamente se cometería.

A mi juicio, estas actuaciones producen un efecto intimidatorio que merece ser examinado por los órganos de supervisión y justicia deportiva.

Por eso continuaré utilizando los mecanismos legales disponibles y solicitaré que se examine tanto la regularidad de estas advertencias como las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de ellas.

Epílogo: el problema no es la inteligencia artificial

Me hace especial gracia que la Junta Electoral haya considerado relevante mencionar que mi reclamación estaba «elaborada con IA».

No sé si consideran que utilizar inteligencia artificial constituye una infracción electoral, una circunstancia agravante o, simplemente, una práctica sospechosa. Les deben haber dicho que no puedes usar módulo de ajedrez mientras juegas en torneo y lo han extrapolado al sistema jurídico.

Pero, pensándolo bien, menos mal que ChatGPT no existía cuando, hace años, empecé a denunciar y recurrir lo que, a mi juicio, eran irregularidades de la Federación Española de Ajedrez (FEDA).

Entonces ya cuestionaba hechos relacionadas con los cursos de monitores, la transparencia federativa, la gestión de recursos y otras actuaciones que consideraba contrarias a la normativa.

Largas denuncias, recursos…administrativos, civiles e incluso penales….Y todo aquello lo hacía sin inteligencia artificial.

A la antigua usanza: leyendo legislación, examinando documentos, preparando escritos y dedicando innumerables horas a intentar que las federaciones cumplieran las normas.

¡Qué suerte tuvo la FEDA! De haber existido ChatGPT, quizá también habría podido atribuir mis reclamaciones a una peligrosa conspiración de algoritmos.

Aunque debo reconocer que esta nueva teoría ofrece posibilidades fascinantes: cuando un federado presenta una reclamación incómoda, ya no hace falta limitarse a discutir sus argumentos. Basta con señalar que ha utilizado inteligencia artificial.

Es una innovación jurídica extraordinaria.

Durante siglos, los juristas se han preocupado por determinar si una reclamación tiene fundamento. Ahora parece que podemos inaugurar una nueva escuela de pensamiento: lo importante no es si el recurso tiene razón, sino si quien lo redactó recibió ayuda de ChatGPT.

Pues bien, puedo tranquilizar a la Junta Electoral.

Seguiré utilizando inteligencia artificial cuando me resulte útil. También seguiré consultando legislación, jurisprudencia y documentos oficiales. Y, por supuesto, seguiré utilizando mi propio criterio, como hacía mucho antes de que existiera ChatGPT.

Porque hay algo que los ajedrecistas sabemos muy bien: cuando un módulo de análisis señala un error, lo inteligente no es enfadarse con el módulo.

Lo inteligente es comprobar la variante y, si el análisis es correcto, reconocer el error.

El problema nunca ha sido que alguien utilice inteligencia artificial para señalar una irregularidad. El problema sería que esa irregularidad existiera y, en lugar de corregirla, se intentase desacreditar a quien la denuncia.

Y eso, queridos miembros de la Junta Electoral, no lo ha inventado ChatGPT.

Es bastante más antiguo que la inteligencia artificial.

Incluso que la propia FEGAXA.

PD: Siempre ha existido el debate sobre si quienes dirigen y administran el ajedrez deberían ser ajedrecistas o, al menos, conocer y sentir cierta pasión por nuestro deporte.

Durante mucho tiempo he pensado que no era imprescindible saber jugar al ajedrez para gestionarlo bien. De hecho yo apoyé a Gaspar para ser presidente de la FEGAXA y no era ajedrecista pero me parecía un gran gestor. Sin embargo, las actuaciones de la actual FEGAXA y de su Junta Electoral me están haciendo reconsiderar esa opinión.

Porque, a mi juicio, estamos comprobando los riesgos de gestionar el ajedrez desde una desconexión absoluta con su cultura y sus valores.

En ajedrez aprendemos desde pequeños a pensar antes de mover, respetar las reglas, aceptar las reclamaciones legítimas y asumir las consecuencias de nuestros errores.

Quizá no sea imprescindible saber jugar al ajedrez para dirigir una federación. Pero, visto lo visto, sentir al menos sus principales valores no vendría nada mal.

El proceso electoral de la Federación Galega de Xadrez (FEGAXA) entra en una nueva fase. Arian González Pérez, candidato definitivamente proclamado a la Asamblea General, ha acudido al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo solicitando medidas cautelarísimas sobre el voto por correo, cuya apertura y escrutinio están previstos para el 13 de octubre.

La petición no solicita que el juez decida ahora quién tiene razón sobre las irregularidades denunciadas ni que determine la validez de los votos. Lo que se pide es algo previo: preservar los sobres y la documentación electoral antes de que se realicen operaciones que puedan hacer imposible comprobar posteriormente la trazabilidad de determinados sufragios.

El argumento central es sencillo. Mientras el voto postal permanezca vinculado a su documentación exterior, todavía es posible comprobar determinados aspectos de su tramitación. Una vez separados los sobres interiores de la documentación identificativa y mezclados los votos, esa relación desaparece y ya no puede reconstruirse individualmente sin comprometer el secreto del sufragio.

¿Qué se pide exactamente al juzgado?

La solicitud pretende que se suspendan provisionalmente la apertura, separación, mezcla y escrutinio de los votos por correo, así como su incorporación al resultado general, hasta que puedan comprobarse las incidencias de trazabilidad planteadas.

También se solicita conservar íntegramente los sobres, solicitudes de voto por correo, documentos de representación y registros de expedición, entrega, recepción y custodia.

De manera subsidiaria, si el juez no paraliza el escrutinio, se pide al menos que todo el material correspondiente al voto postal permanezca separado, inventariado y precintado, junto con la documentación necesaria para posibles comprobaciones posteriores.

¿Qué significa una medida cautelarísima?

Una medida cautelarísima es una decisión provisional prevista para situaciones de especial urgencia.

No implica que el juzgado considere probadas las irregularidades denunciadas. Su finalidad es evitar que, mientras se resuelve el conflicto, ocurra algo irreversible que haga inútil una eventual sentencia posterior.

En este procedimiento se invoca el artículo 135 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que permite al juez adoptar una primera decisión sin audiencia previa de las otras partes y en un plazo de dos días. Después, si se concede la medida, deberán ser escuchadas las partes afectadas y el juzgado decidirá si la mantiene, modifica o levanta.

La proximidad de la fecha del escrutinio refuerza la urgencia alegada. El escrito recuerda que las operaciones están previstas para el martes 13 de octubre, inmediatamente después de un fin de semana y del festivo nacional del día 12.

El antecedente del 29 de septiembre

Existe además un hecho relevante.

El 29 de septiembre, la propia Mesa del voto por correo acordó no abrir los sobres mientras se comprobaban determinadas garantías del procedimiento. Posteriormente, la Junta Electoral fijó el 13 de octubre como nueva fecha para continuar las operaciones.

Es precisamente esa situación la que ahora se pretende mantener provisionalmente hasta que exista una comprobación suficiente o una decisión judicial.

Arian González y los antecedentes judiciales

No es la primera vez que Arian González interviene en procedimientos judiciales relacionados con decisiones de la FEGAXA o de la justicia deportiva gallega.

En los últimos años ha participado, como recurrente o como abogado de los afectados, en cuatro sentencias relevantes con resultados favorables en aspectos sustanciales:

• Sentencia 77/2023, del Juzgado de lo Contencioso nº 2 de Santiago: anuló la inadmisión de un recurso relacionado con la Liga Gallega de 2022 y ordenó retrotraer el procedimiento.
• Sentencia 277/2024, del Juzgado de lo Contencioso nº 1: estimó el recurso promovido personalmente por González sobre las elecciones federativas de 2022 y anuló una resolución del CGXD por insuficiente motivación.
• Sentencia 126/2025, también del Juzgado nº 1: estimó el recurso del Club La Algalia sobre la configuración de la Liga de 2022 y llegó a ordenar en primera instancia su anulación y repetición.
• Sentencia 143/2026 del TSJ de Galicia: eliminó la obligación de repetir la Liga años después, pero mantuvo el pronunciamiento de ilegalidad relativo a la configuración de aquella competición.

Estos antecedentes no permiten anticipar lo que ocurrirá ahora, pero sí muestran que González cuenta con experiencia previa llevando conflictos federativos ante los tribunales.

Un salto cualitativo en el proceso electoral

Hasta ahora, la mayor parte de las controversias de estas elecciones se estaban planteando ante la Junta Electoral, el Comité Galego de Xustiza Deportiva y los órganos deportivos de la Xunta de Galicia.

La presentación de esta solicitud supone un cambio importante: el conflicto entra directamente en sede judicial.

Esto no significa que las elecciones estén suspendidas ni que el juzgado haya declarado irregular el voto por correo. Significa que un juez deberá valorar si existe un riesgo suficientemente grave como para adoptar medidas antes del escrutinio.

La cuestión que se plantea es muy concreta:

¿debe preservarse intacta la posibilidad de comprobar la trazabilidad del voto postal antes de realizar una operación que puede hacer irreversible esa comprobación?

Ahora corresponde al juzgado responder.

Si ya resultaba sorprendente que la Xunta Electoral de la FEGAXA me apercibiese dos veces en julio por unas publicaciones que no pedían el voto, no apoyaban candidatura alguna y que, desde el punto de vista de la mayoría que las leyeron (no contamos a los que basan en los mantras que les dicen otros…), eran escrupulosamente neutrales y plenamente amparadas por la libertad de expresión, todavía resultaba más difícil de entender que el Comité Galego de Xustiza Deportiva no hubiese anulado aquellos apercibimientos inmediatamente.

Pues bien, ahora empezamos a saber por qué.

El 29 de julio recurrí ante el Comité Galego de Xustiza Deportiva. Y no había ninguna duda sobre lo que estaba haciendo: envié el recurso siguiendo el procedimiento marcado en el reglamento: a la Xunta Electoral indicando expresamente que era “para su remisión al COMITÉ GALEGO DE XUSTIZA DEPORTIVA”. El propio archivo adjunto se llamaba literalmente Recurso_electoral_Jose_Sande_29-07-2026_.pdf.

Más de dos meses después, Xustiza Deportiva acaba de dejar por escrito algo sorprendente: ese recurso no consta remitido por la Xunta Electoral al Comité. Por ello le ha dado un plazo improrrogable de dos días para que explique qué hizo con él.

Es decir: la Xunta Electoral sí encontró tiempo y fundamento para apercibirme, advertirme de posibles sanciones y limitar lo que podía publicar, pero, si finalmente se confirma lo que ahora investiga Xustiza Deportiva, no encontró la forma de tramitar el recurso mediante el que yo pretendía defenderme de esos mismos apercibimientos.

Y esto ya no puede analizarse como un episodio aislado. Se suma a una larga secuencia de actuaciones cuestionadas durante estas elecciones: desde la propia constitución y funcionamiento de la Xunta Electoral hasta resoluciones y actas que han provocado sucesivos recursos, reclamaciones y controversias. Cuando los problemas empiezan a acumularse, la cuestión deja de ser si hubo un error concreto y pasa a ser si el conjunto refleja una forma de funcionamiento compatible con la objetividad, neutralidad y garantías exigibles a un órgano electoral.

Y ahora queda una última incógnita.

Después de conocer dimisiones en diferido, esperemos que no aparezca también el “recurso en diferido”: presentado el 29 de julio, desaparecido durante más de dos meses y remitido milagrosamente cuando Xustiza Deportiva pregunta dónde está.

Porque, a estas alturas, casi cualquier cosa parece posible.

Después de semanas denunciando irregularidades y acumulando episodios cada vez más difíciles de explicar, se ha producido un movimiento que, sin resolver todavía el fondo del problema, considero una pequeña victoria.

El Comité Galego de Xustiza Deportiva ha remitido determinados hechos a la Secretaría Xeral para o Deporte para que actúe en el ámbito de sus competencias. Esto es importante porque confirma algo que llevo defendiendo desde el principio: un federado no tiene por qué limitarse a contemplar pasivamente posibles irregularidades en un proceso electoral. La Administración deportiva tiene funciones de tutela y control sobre las federaciones y, cuando recibe hechos que pueden afectar a la legalidad de su funcionamiento, debe examinarlos y decidir motivadamente qué actuación corresponde.

Por eso he presentado ahora un escrito de impulso ante la Secretaría Xeral. No estoy pidiendo que se me dé la razón de antemano ni que se prejuzgue ninguna responsabilidad. Estoy pidiendo algo mucho más básico: que, una vez que los hechos han llegado formalmente a la Administración, se investiguen, se incorporen los acontecimientos posteriores y se adopte una decisión expresa.

Y el contexto ya no puede analizarse como una sucesión de anécdotas aisladas. Hemos visto una Junta Electoral constituida de forma discutida, problemas con interventores, una candidatura tratada como tal antes de estar formalmente proclamada, controversias sobre la Comisión Gestora, solicitudes de trazabilidad del voto por correo, recusaciones, decisiones contradictorias y, finalmente, una dimisión comunicada semanas después de la fecha en la que supuestamente se había producido.

Nada de esto significa que la Administración haya declarado ilegal el proceso electoral. Pero sí significa que el asunto ha dejado de estar únicamente dentro de la FEGAXA. Ahora el primer paso es que la Xunta lo revise y si no se considera satisfactorio, pasará a los tribunales contencioso-administrativos.

¿Qué ha pasado en las elecciones de la FEGAXA?

1. Raquel Calleja formaba parte de la Comisión Gestora de la FEGAXA, además de desempeñar funciones retribuidas como secretaria/auxiliar de la Federación, mientras comenzaba el proceso electoral.
2. La Junta Electoral fue constituida con deficiencias desde el inicio: se nombraron miembros titulares sin suplentes y sin establecer un verdadero trámite previo para formular recusaciones o alegaciones sobre su composición.
3. La polémica no comenzó en septiembre. Ya en julio la Junta Electoral me apercibió en dos ocasiones por contenidos publicados en mi blog. Consideré ambos apercibimientos arbitrarios, los recurrí y pedí que se identificase exactamente qué norma había infringido, qué hechos se me imputaban y qué naturaleza jurídica tenían aquellas advertencias. Fue el primer síntoma de una relación problemática entre la Junta Electoral y las garantías que deben presidir un proceso electoral.
4. El 10 de septiembre, la propia Junta Electoral llegó a hablar expresamente de una “candidatura de Raquel Calleja” y autorizó la designación de varios interventores vinculados a ella, pese a que todavía no existía una candidatura formalmente proclamada a la Presidencia.
5. Esto generó una cuestión difícil de explicar: si Raquel era ya considerada candidata a efectos de nombrar interventores, ¿cómo podía continuar formando parte de la Comisión Gestora? Y, si todavía no era candidata, ¿con qué fundamento podía disponer de interventores?
6. El 15 de septiembre, ante una consulta expresa, la Junta Electoral respondió que Raquel tendría que dimitir de la Comisión Gestora más adelante, vinculando aparentemente esa renuncia a una fase posterior del proceso electoral.
7. Posteriormente se ha comunicado, sin embargo, que Raquel habría dimitido precisamente el 15 de septiembre. Es decir, el mismo día en que la Junta Electoral indicaba que su renuncia se produciría en el futuro.
8. Esa dimisión no fue conocida públicamente ni incorporada de forma transparente al proceso en aquel momento, sino comunicada semanas después. De ahí surge la polémica sobre lo que he denominado una “dimisión diferida”: una renuncia fechada semanas antes, pero conocida cuando el conflicto ya estaba plenamente planteado.
9. Paralelamente surgieron serias controversias sobre el voto por correo, especialmente sobre la trazabilidad de las solicitudes, la posible intermediación de terceras personas y la negativa o dificultad para acceder a información que permitiera comprobar el recorrido de determinados votos.
10. En la mesa de voto por correo se llegó incluso a suspender el recuento después de solicitarse que se aclarase previamente esa trazabilidad. Posteriormente, la cuestión ha dado lugar a nuevos recursos y reclamaciones.
11. También se planteó la recusación de una vocal de la Junta Electoral, por las circunstancias de su relación previa con Raquel Calleja y por su actuación durante determinados episodios del proceso. Esa recusación fue rechazada y también ha sido objeto de impugnación.
12. A todo ello se suman resoluciones y explicaciones de la propia Junta Electoral que no siempre parecen compatibles entre sí: quién era o no candidata, cuándo debía cesar de la Gestora, qué información podía facilitarse sobre el voto por correo o qué competencias tenía la propia Junta.
13. Finalmente, parte de estos hechos han llegado ya al Comité Galego de Xustiza Deportiva, que ha considerado procedente remitir determinadas cuestiones a la Secretaría Xeral para o Deporte para que actúe dentro de sus competencias.
14. Ante esa remisión, he presentado un escrito de impulso para que la Secretaría Xeral no se limite a recibir la documentación, sino que examine el conjunto de hechos, incorpore los acontecimientos sobrevenidos —especialmente la comunicación tardía de la dimisión— y adopte una decisión expresa.

Ninguno de estos hechos, considerado aisladamente, permite anticipar cuál será la conclusión administrativa. Pero cuando se observan juntos —Gestora, candidatura, interventores, voto por correo, recusaciones, contradicciones y una dimisión conocida semanas después— resulta cada vez más difícil sostener que estamos simplemente ante pequeños errores formales. Y, por primera vez, el problema empieza a salir del ámbito interno de la FEGAXA y a entrar de lleno en el terreno de la tutela administrativa.