Jose Sande
Soy profesor de Economía en IES y de Economía de la Empresa en la Universidad Oberta de Cataluña (www.uoc.edu).
Docente, preparador de opositores, autor, editor, ajedrecista y sabinero.
Los aficionados a la política recordarán aquella célebre explicación de Cospedal sobre el despido «en diferido» de Bárcenas.
Durante años pensamos que era una pieza irrepetible. Nos equivocábamos: el ajedrez gallego acaba de darle continuidad.
Vayamos por partes, que es como se hacen las cosas en diferido.
13 de septiembre. Este humilde federado presenta una reclamación ante la Xunta Electoral. Señala que no parece muy compatible que Dña. Raquel Calleja Modia siga en la Comisión Xestora, el órgano que gestiona la federación durante el proceso electoral, mientras la propia Junta la trata como «candidatura» y acredita interventores en su nombre.
15 de septiembre. La Xunta Electoral me explica que el plazo de candidaturas a la Presidencia no se abre hasta el 8 de octubre y que «será ahí» donde se espera que la Sra. Calleja presente su renuncia a la Comisión Gestora, si quiere presentarse. Hasta entonces es solo una «posible candidata». Mi reclamación, por tanto, «carece de relevancia». Tranquilo, Sande, todo en orden, ya dimitirá cuando toque.
15 de septiembre (el mismo día). Según el Acta 11/26 de esa misma Xunta Electoral, firmada por las mismas tres personas, ese día la Junta «recibiu escrito de dimisión» de la Sra. Calleja como miembro de la Comisión Xestora.
Recapitulemos. El 15 de septiembre la Junta me dice que no hacía falta dimitir todavía. El 15 de septiembre la Junta recibe la dimisión. Una de dos: o la dimisión llegó con un sentido de la oportunidad prodigioso, o la Junta la tenía encima de la mesa mientras me explicaba que llegaría en octubre. Ambas posibilidades tienen su encanto. Lo siento por los incondicionales de Groucho, pero esto ya es demasiado hasta para él.
Del 15 de septiembre al 1 de octubre. No pasa nada. O mejor dicho, pasa de todo: resuelve el Comité Galego de Xustiza Deportiva, se sortea una nueva mesa, se celebra otra votación por correo. Pero la dimisión no. La dimisión reposa. Madura. Se «difiere» en términos cospedalianos.
1 de octubre, 12:00 horas. La Xunta Electoral se reúne «co fin de proceder ao rexistro da dimisión». Dieciséis días para registrar un escrito. «Unha vez efectuadas as comprobacións oportunas», que el acta no detalla, la Junta admite la dimisión y ordena publicar el acuerdo en el tablón y en la web.
5 de octubre, 18:08. El acta pasa por la fotocopiadora de la federación. A las 18:12 aparece en la web. Cuatro días para cumplir una orden de publicación que la Junta se dio a sí misma.
Resumen: una dimisión presentada el día 15, registrada el 1 y conocida el 5, mientras el mismo órgano firmaba el día 15 que esa dimisión era cosa del futuro. Dimisión en diferido: llegó a tiempo, pero nos la contaron a plazos.
La Junta Electoral mantuvo sin publicidad durante varias semanas una modificación relevante de la composición de la Comisión Gestora y solo la hizo pública posteriormente, pese a que la situación de esa integrante había sido objeto de una reclamación expresa y de una resolución de la propia Junta el mismo día en que ahora se sitúa su renuncia.
Y esto es solo lo que se ve en dos documentos de una página. Cuando alguien examine el expediente completo con calma, con sus fechas, horas, registros de entrada y correos, va a ser muy entretenido. Yo, por si acaso, ya he pedido el mío.
Seguiremos informando. En directo, a ser posible.
PD: Como curiosidad, hace 11 años dí una conferencia en Zaragoza en la que la anéctoda es que casi ninguno de los 700 asistentes sabía que significaba la palabra diferido…llamé al post «Diferir desaparece del diccionario».
La Secretaría Xeral para o Deporte me ha remitido a la Junta Electoral de la FEGAXA para solicitar la documentación relativa a los apercibimientos que recibí los días 20 y 27 de julio.
Estamos ya en octubre. Han pasado agosto, septiembre… más de dos meses desde aquellos requerimientos y, a día de hoy, sigo sin haber recibido documentación alguna que me permita conocer qué actuación los originó.
No sé si existió una denuncia, quién la formuló en su caso, qué acuerdo adoptó la Junta Electoral, qué miembros participaron, qué documentación se tuvo en cuenta ni quién asumió materialmente la tramitación de esas actuaciones.
Y conviene recordar cuál fue el motivo de los apercibimientos. Se me acusó de estar realizando campaña electoral cuando yo no formaba parte de ninguna candidatura. Lo que hice fue compartir un programa que me había enviado quien entonces se presentaba como posible candidato, dejando además abiertas expresamente las posibilidades a otras candidaturas. El tiempo ha demostrado, precisamente, que acabó existiendo «otra candidatura» desde cargos la FEGAXA, que además le dieron hasta interventores sin estar acreditada entre los candidatos a la asamblea: «Candidatura de Raquel Calleja».
Por eso resulta difícil entender que una actuación de ese tipo pudiera justificar un apercibimiento con posibles consecuencias disciplinarias.
Hay además algo que me está llamando especialmente la atención estas últimas semanas. En cada torneo al que acudo (dos por semana) recibo muestras de apoyo de jugadores, presidentes de clubes, padres y madres que me trasladan su sorpresa por lo ocurrido.
Algunas de esas muestras de apoyo proceden incluso de personas integradas en listas consideradas próximas al actual entorno federativo. Eso demuestra, al menos, que el malestar por este tipo de actuaciones no responde a bloques cerrados ni a una simple confrontación electoral.
Cada vez tengo más la sensación de que la FEGAXA está siendo gestionada desde una lógica muy alejada de la realidad cotidiana del ajedrez gallego y de quienes juegan, organizan torneos, dirigen clubes o acompañan a sus hijos cada fin de semana.
Y, además, a medida que reviso actuaciones y procedimientos, voy encontrando carencias que me sorprenden en cuestiones elementales de funcionamiento administrativo: por ejemplo, que una persona apercibida pueda pasar más de dos meses sin tener acceso a la documentación que sustenta ese apercibimiento, sin conocer si existió denuncia, quién promovió la actuación ni qué acuerdo concreto la respaldó.
La cuestión de fondo es muy sencilla: ¿qué margen tiene un federado para informar, compartir propuestas o participar en el debate electoral sin que eso se convierta automáticamente en “hacer campaña” para una candidatura de la que ni siquiera forma parte?
La propia Secretaría Xeral para o Deporte ha señalado que la custodia de la documentación electoral corresponde a la Junta Electoral y que puedo solicitarle la documentación que estime oportuna. Por eso he presentado ya un escrito específico solicitando acceso íntegro a las actuaciones, identificación de su origen y de las personas responsables de su tramitación.
No anticipo conclusiones.
Primero quiero saber qué documentación existe realmente, quién promovió aquellos apercibimientos, quién los decidió y con qué fundamento.
Pero una vez aclarados los hechos, si se apreciasen irregularidades, exigiré todas las responsabilidades administrativas que procedan y, en su caso, también las civiles o penales que pudieran corresponder.
Y en esto tengo una cosa muy clara: estoy acostumbrado a mantener durante años procedimientos frente a la Administración o particulares cuando considero que existe una cuestión que debe llegar hasta el final. He tenido asuntos que han durado cuatro, seis u ocho años, así que el tiempo no es un factor que me haga desistir. Si de la documentación resultase que existen actuaciones irregulares, utilizaré todas las vías legales que correspondan hasta que los hechos queden completamente aclarados y, en su caso, se depuren individualmente las responsabilidades que procedan.
Porque en un proceso electoral la transparencia no puede consistir en apercibir a una persona y obligarla después a defenderse sin conocer siquiera el origen, el soporte documental y la fundamentación de la actuación dirigida contra ella.
Hoy siguiendo las indicaciones de la Xunta he requerido a la junta electoral de FEGAXA el expediente, antes de pasar el tema al contencioso-administrativo. Esperemos que lo faciliten antes de que tenga que solicitarlo un juez.
Cuenta una conocida historia ajedrecística que Mijaíl Tal podía pasarse horas dando vueltas a una posición que se le resistía hasta que, después de apartarse del tablero, la solución aparecía de repente, incluso en sueños…
Anoche me ocurrió algo parecido.
Con una diferencia importante.
Yo no estaba intentando resolver una combinación de Mijaíl Tal (¡ojalá!)
Mientras dormía, en mi cabeza daban vueltas una y otra vez dos direcciones de correo electrónico:
Ese correo tiene algo de Dorian Gray (aquí apareció en mi sueño un elegante, patriótico y bien parecido jugador coruñés de mi generación que también parece que no envejece).
Pasan los años.
Pasan las elecciones.
Cambian las juntas electorales.
Pero el correo no envejece.
Porque xuntaelectoralfegaxa@gmail.comno es una cuenta creada para las elecciones de 2026. Es exactamente la misma dirección que ya utilizaba la Junta Electoral de FEGAXA hace cuatro años, en el proceso electoral de 2022.
Y entonces surgió una pregunta bastante sencilla:
¿quién ha tenido las llaves durante estos cuatro años?
Porque una cuenta de Gmail no es solamente una dirección escrita detrás de una arroba.
Tiene una contraseña.
Tiene mecanismos de recuperación.
Puede tener teléfonos y correos alternativos asociados.
Puede mantener dispositivos autorizados.
Puede conservar sesiones abiertas.
Puede tener reglas automáticas de reenvío.
Y puede permitir el acceso a toda la documentación que llega a ella.
Por eso, cuando una Junta Electoral que debe actuar con independencia reutiliza en 2026 la misma cuenta de Gmail empleada en las elecciones de 2022, creo que es razonable conocer cuál ha sido su cadena de custodia digital.
¿Quién conservó las credenciales después de las elecciones de 2022?
¿Dónde quedaron custodiadas?
¿Quién entregó la cuenta a la Junta Electoral de 2026?
¿Se cambió la contraseña?
¿Se revisaron los teléfonos y correos de recuperación?
¿Se cerraron las sesiones antiguas?
¿Se comprobaron los dispositivos autorizados?
¿Existen o han existido reglas de reenvío?
¿Puede conocerse, en la medida en que Gmail conserve esa información, qué accesos se han producido durante el proceso electoral?
Y, sobre todo:
¿puede garantizarse que solamente los miembros de la actual Junta Electoral han tenido acceso a la documentación remitida a esa cuenta?
No estoy diciendo que alguien ajeno a la Junta Electoral haya accedido.
No lo sé.
Precisamente porque no lo sé, lo he preguntado.
He presentado una reclamación solicitando que se aclare la custodia de esta cuenta y que, en la medida técnicamente posible, se informe sobre cambios de contraseña, sistemas de recuperación, dispositivos, sesiones, reenvíos y trazabilidad de accesos.
Una cuenta de Gmail que atraviesa, aparentemente impasible, elecciones tras elecciones.
Como Dorian Gray.
Aunque en este caso no me interesa encontrar el retrato escondido en el desván.
Me conformo con algo bastante menos literario:
saber quién tuvo la contraseña.
Puede que exista una explicación perfectamente normal y que se hayan adoptado todas las precauciones necesarias.
Ojalá sea así.
Pero entonces debería resultar muy sencillo acreditarlo.
Mijaíl Tal encontraba combinaciones imposibles después de darle vueltas al tablero.
A mí, últimamente, me toca encontrarlas mirando direcciones de Gmail.
Y hay posiciones en las que la mejor jugada no es especialmente brillante.
Es simplemente:
encender la luz.
P. D. En la reclamación también van un par de «detallitos»: que la Junta Electoral se constituyó sin suplentes y sin fijar un plazo para formular reclamaciones frente a su propia constitución.
Pequeñeces, vaya.
He de reconocer que esta FEGAXA me está decepcionando un poco.
A medida que uno pone la lupa en cualquier detalle, aparecen señales de descontrol, improvisación y falta de previsión.
La sensación que transmite es la de un barco cuyo capitán se jubiló hace años y que sigue navegando, pero ya sin una mano clara en el timón.
Y quizá ahí esté también parte de la explicación del estancamiento que, a mi juicio, ha sufrido el ajedrez gallego durante estos últimos cuatro años.
No necesariamente por un gran error aislado, sino por la acumulación de pequeños detalles: procedimientos poco cuidados, decisiones improvisadas y una gestión que demasiadas veces parece funcionar por inercia.
Son esas pequeñas cosas que, vistas por separado, pueden parecer menores, pero que juntas ayudan a entender por qué cuesta tanto avanzar.
Primero fue el mantra de que “estás dividiendo el xadrez galego”. Después llegó el de que “estás judicializando el deporte”. Ahora aparece la tercera pata: el miedo a la luz.
Como los vampiros, parece que determinados procesos funcionan mucho mejor cuanto menos se mira dentro.
Cuando comenzaron estas elecciones yo no era, ni pretendía ser, un experto en procesos electorales federativos. Pero la Junta Electoral decidió dirigirse a mí en dos ocasiones advirtiéndome de posibles consecuencias sancionadoras por mis publicaciones. El resultado fue exactamente el contrario del que quizá pretendían conseguir.
Me obligaron a estudiar. Y mucho.
Durante estas semanas he analizado a fondo la normativa electoral gallega, el voto por correo, los censos, los interventores, las comisiones gestoras, las juntas electorales, el sistema de recursos y resoluciones y la jurisprudencia existente en España sobre elecciones federativas.
Ha sido, literalmente, un máster acelerado en derecho electoral deportivo.
Y cuanto más he estudiado, menos me preocupa ya únicamente lo ocurrido en la FEGAXA y más me preocupa el sistema.
Porque aparecen preguntas que van mucho más allá de quién gane o pierda estas elecciones: cómo se seleccionan las personas que integran las juntas electorales, qué vinculación real tienen con las federaciones, por qué algunas aparecen en órganos electorales de distintas federaciones, qué garantías existen frente a posibles conflictos de interés, cómo funciona realmente el voto por correo y hasta qué punto un sistema extraordinariamente formalista de recursos puede terminar evitando que se examine el fondo de cuestiones potencialmente muy graves.
No afirmo que todas esas dudas impliquen necesariamente ilegalidades. Afirmo algo diferente: merecen ser examinadas y no escondidas detrás del procedimiento.
Por eso he remitido a la Secretaría Xeral para o Deporte un escrito exponiendo estas cuestiones y también he enviado una nota de prensa.
A estas alturas, para mí, el asunto ya excede de la FEGAXA.
Pase lo que pase con estas elecciones, creo que Galicia debería revisar seriamente su modelo de elecciones federativas, reforzar sus garantías y preguntarse si un sistema diseñado hace años sigue ofreciendo hoy la transparencia y los controles que necesita.
Porque después de “dividir el xadrez galego” y de “judicializar el deporte” queda un último argumento:
que nadie mire demasiado.
Y precisamente eso es lo que no debería ocurrir.
La luz no perjudica a un proceso limpio. Lo que hace es permitir verlo.
…
NOTA PRENSA
Cinco interventores de las elecciones del ajedrez gallego aparecen atribuidos a una candidatura que no había sido proclamada
Candidatos y federados reclaman que se examinen las solicitudes originales, mientras la Mesa del voto por correo ha acordado no abrir los sobres hasta disponer de garantías sobre su trazabilidad.
A Coruña, 1 de octubre de 2026.- El proceso electoral de la Federación Galega de Xadrez (FEGAXA) acumula reclamaciones sobre la designación de interventores, el acceso al expediente y el voto por correo.
El conflicto principal gira en torno al Acta 08/26 de la Junta Electoral. En ella se atribuyen cinco interventores a la denominada «Candidatura de D.ª Raquel Calleja Modia». En ese momento, Calleja, secretaria de la Comisión Gestora de la federación, no figuraba entre los candidatos proclamados a la Asamblea. Tampoco se había abierto todavía el plazo de candidaturas a la Presidencia, previsto en el calendario para el 8 de octubre.
El reglamento electoral atribuye a las personas candidatas la facultad de nombrar interventores. Según la documentación del expediente, la Junta Electoral reconoció después haber recibido de Raquel Calleja las solicitudes y haber analizado su situación.
El candidato proclamado Arián González Pérez ha presentado una reclamación formal ante la Junta Electoral. Pide que se examinen las solicitudes originales, los correos, los remitentes y las acreditaciones, para determinar quién nombró a cada interventor y con qué título. También ha solicitado, como medida cautelar, que no se usen esas acreditaciones mientras no se aclare su procedencia.
El Comité Galego de Xustiza Deportiva, al resolver una reclamación anterior, no entró en la legalidad de estos nombramientos por razones formales, e indicó que debían plantearse primero ante la Junta Electoral.
La cuestión tiene efectos prácticos. Uno de los interventores incluidos en el Acta 08/26 estuvo presente en la Mesa del voto por correo constituida el 29 de septiembre. En esa sesión, a petición de un candidato, la Mesa acordó no abrir los sobres hasta disponer de garantías suficientes sobre su trazabilidad.
Firmado:
José Antonio Sande, maestro de la Federación Internacional de Ajedrez, subcampeón gallego absoluto de ajedrez 2026 y campeón gallego de veteranos 2026, federado en la FEGAXA y parte en algunas de estas reclamaciones, ha dirigido hoy un escrito a la Secretaría Xeral para o Deporte. En él solicita que se conserve toda la documentación, que se determine quién efectuó cada nombramiento y que se revise el sistema de garantías de los procesos electorales federativos.
Esta nota se ha remitido también a la FEGAXA para que pueda ofrecer su versión.
Dos escritos plantean la imparcialidad objetiva de Dorinda Garaboa tras conocerse que coincidió con Raquel Calleja en el Marín C.F. y después de su actuación en decisiones directamente relacionadas con ella
Un nuevo hecho se ha incorporado al ya complejo proceso electoral de la Federación Galega de Xadrez.
José Carlos Pena Torres, candidato definitivamente proclamado a la Asamblea General e interventor de su propia candidatura, ha presentado dos escritos diferentes pero relacionados entre sí después de conocer la existencia de una relación deportiva previa entre una integrante de la Xunta Electoral, M.ª Dorinda Garaboa Paz, y Raquel Calleja Modia.
El primero se dirige a la propia Xunta Electoral y solicita la abstención de Dorinda Garaboa y, subsidiariamente, su recusación en los asuntos directamente relacionados con Raquel Calleja, la denominada «Candidatura de D.ª Raquel Calleja Modia», el Acta 08/26, los interventores acreditados a su nombre y las incidencias relacionadas con el voto por correo.
El segundo escrito ha sido presentado ante el Comité Galego de Xustiza Deportiva, al que se ponen en conocimiento estos hechos sobrevenidos, se aporta documentación y se solicita que se practiquen comprobaciones independientes y se adopten, en su caso, las medidas necesarias para preservar la imparcialidad objetiva del proceso.
Un hecho nuevo: ambas coincidieron en el Marín C.F.
El origen inmediato de ambos escritos es un dato conocido durante el propio proceso electoral.
Dorinda Garaboa Paz y Raquel Calleja Modia figuran públicamente en la plantilla del Marín C.F. femenino de la temporada 2019/2020. La base de datos deportiva LaPreferente incluye a ambas como jugadoras de aquel equipo.
Existe además una publicación de 2019 relativa a la composición de la directiva del Marín Club de Fútbol que identifica a Raquel Calleja como secretaria de aquella entidad. Se trata de un blog no oficial dedicado al club, circunstancia que también debe señalarse al valorar la fuente.
Conviene precisar desde el principio algo esencial: coincidir en un equipo de fútbol no demuestra amistad, enemistad, dependencia ni parcialidad.
Los propios escritos presentados lo reconocen expresamente. No se afirma que aquella coincidencia constituya por sí sola una causa de recusación. Lo que se solicita es aclarar la naturaleza y alcance real de esa relación previa, precisamente porque posteriormente Dorinda Garaboa intervino en varias decisiones electorales que afectaban directamente a Raquel Calleja.
¿Cómo llegó Dorinda Garaboa a la Xunta Electoral?
También conviene explicar correctamente este punto porque permite entender la arquitectura del proceso.
La Xunta Electoral no la nombra Raquel Calleja ni tampoco, formalmente, la Junta Directiva de FEGAXA.
La normativa gallega establece que la Xunta Electoral es el órgano de ordenación y control de las elecciones y que sus integrantes son elegidos por la Asamblea General, entre las personas que presentan su candidatura para formar parte de ella.
Y eso es lo que refleja el acta de la Asamblea General Extraordinaria de FEGAXA celebrada el 2 de mayo de 2026: se comunicó a los asistentes que habían presentado solicitud para integrar la Xunta Electoral Ana M.ª Iglesias Casal, M.ª Dorinda Garaboa Paz y José Manuel Pérez Prego, y los tres fueron elegidos por unanimidad.
La propia convocatoria electoral posterior confirma que esa Xunta Electoral había sido elegida en aquella Asamblea del 2 de mayo y enumera a esos tres integrantes.
Ahora bien, existe un dato adicional relevante para comprender el contexto institucional.
Raquel Calleja era entonces secretaria de FEGAXA y miembro de la Junta Directiva saliente. La documentación oficial de la Federación la identifica en ese cargo y la propia acta de la Asamblea del 2 de mayo aparece suscrita por Raquel Calleja como secretaria de FEGAXA, junto al presidente Gaspar Pérez Carnero.
Por tanto, sería incorrecto afirmar que Raquel «nombró» a Dorinda o que la Junta Directiva la designó personalmente. Eso no consta.
Pero tampoco puede obviarse que la elección de la Xunta Electoral se produjo dentro de una Asamblea de la Federación cuya secretaría ejercía Raquel Calleja, que formaba parte de la dirección federativa saliente, y que meses después una integrante de aquella Xunta Electoral participaría en decisiones directamente relacionadas con la propia Calleja.
Ese contexto es relevante, aunque por sí solo tampoco permita extraer conclusiones sobre la existencia de parcialidad.
Y aquí surge una pregunta adicional que, al menos a mí, me parece razonable formular. ¿Qué llevó a Dorinda Garaboa a presentar su candidatura para formar parte precisamente de la Xunta Electoral de una federación de ajedrez?
En la documentación que he podido consultar no he encontrado, hasta ahora, una trayectoria previa suya vinculada al ajedrez que explique esa decisión. Eso no significa que no exista, y puede haber una explicación perfectamente normal que yo desconozca.
La pregunta adquiere, sin embargo, otro significado cuando posteriormente conocemos que Dorinda Garaboa había coincidido años antes con Raquel Calleja en el Marín C.F. femenino y que, ya como integrante de la Xunta Electoral, participó después en decisiones directamente relacionadas con ella. Esa coincidencia deportiva está expresamente documentada en los escritos presentados, que además dejan claro que por sí sola no permite presumir amistad ni parcialidad.
¿Cuál fue entonces la razón por la que decidió presentarse para formar parte del órgano encargado de ordenar y controlar el proceso electoral de FEGAXA?
La pregunta no pretende insinuar por sí misma ninguna irregularidad. Tampoco afirmo que su incorporación a la Xunta Electoral estuviese relacionada con Raquel Calleja ni le atribuyo ninguna finalidad concreta, porque no dispongo de prueba que permita sostenerlo.
Pero, conocida ahora la relación deportiva previa entre ambas y vistas las actuaciones posteriores de Dorinda Garaboa en asuntos que afectaban directamente a Raquel Calleja, considero legítimo preguntarse qué motivó aquella decisión y cuál era su vinculación previa con el ámbito federativo del ajedrez.
Puede existir una explicación perfectamente normal. Precisamente por eso, conocerla contribuiría a despejar dudas en lugar de alimentarlas. Lo que me resultaría menos comprensible es que, ante una sucesión de circunstancias como la descrita, se considerase improcedente siquiera formular la pregunta.
Después llegó la denominada «Candidatura de Raquel Calleja»
La cuestión adquirió otra dimensión el 10 de septiembre.
Dorinda Garaboa participó como integrante de la Xunta Electoral en la aprobación del Acta 08/26.
En ese documento aparece literalmente un apartado denominado:
«CANDIDATURA DE D.ª RAQUEL CALLEJA MODIA»
y se admiten diversas solicitudes de interventores formuladas a su nombre, entre ellas la de José María Dorado Reboredo para la mesa del voto por correo.
Precisamente la legalidad de ese reconocimiento se ha convertido en uno de los puntos controvertidos del proceso electoral.
El artículo 10.1 del Reglamento Electoral atribuye a las personas candidatas la posibilidad de nombrar interventores de su candidatura. Sin embargo, en aquel momento todavía no se encontraba abierta la fase de presentación de candidaturas a la Presidencia, que se produce posteriormente a la elección definitiva de la Asamblea.
No corresponde a este blog decidir ahora cuál debe ser la consecuencia jurídica de esa actuación. Es una cuestión que está siendo planteada ante los órganos competentes.
Pero sí resulta legítimo preguntarse por qué la Xunta Electoral consideró adecuado crear expresamente una denominada «Candidatura de Raquel Calleja» y reconocer interventores a su nombre en aquella fase del proceso.
Y después ocurrió lo de la Mesa del voto por correo
La secuencia resulta todavía más llamativa por lo sucedido el 29 de septiembre.
Dorinda Garaboa estuvo presente, como representante de la Xunta Electoral, durante la constitución y deliberaciones de la nueva Mesa Electoral del voto por correo.
José Carlos Pena había solicitado previamente que, antes de abrir los sobres, se comprobara determinada información relativa a la trazabilidad de los votos.
Según relata en sus escritos, durante la discusión Dorinda Garaboa sostuvo de forma especialmente vehemente que esos datos no podían obtenerse por razones relacionadas con la protección de datos, consideró que se estaba obstaculizando la Mesa y defendió que se procediese al escrutinio. En una posición coincidente se situó José María Dorado, precisamente el interventor acreditado mediante el Acta 08/26 al amparo de la denominada «Candidatura de Raquel Calleja».
Es importante dejar claro que esta descripción de la intensidad de la discusión procede del relato efectuado por José Carlos Pena en sus escritos. Precisamente por ello se ha solicitado al Comité que no se limite a aceptar esa versión, sino que recabe información de la empleada pública de la Secretaría Xeral para o Deporte presente durante la sesión y, si resulta necesario, de los propios miembros de la Mesa.
Hay, sin embargo, un hecho documental que no depende de esa valoración personal.
Después de la discusión, los tres integrantes de la Mesa Electoral acordaron por escrito no abrir los sobres y comprobar previamente la trazabilidad de los votos, hasta disponer de las garantías necesarias sobre la legalidad del proceso. Los sobres no fueron abiertos.
Es decir, la posición finalmente adoptada por la propia Mesa fue distinta de la que, según el escrito presentado, había defendido Dorinda Garaboa durante la deliberación.
Una sucesión de circunstancias que merece explicación
Aquí es donde, desde mi punto de vista, la situación empieza a resultar difícil de comprender si se examinan conjuntamente todos los hechos.
No porque Dorinda Garaboa jugase hace años al fútbol con Raquel Calleja.
Eso, aisladamente, no demostraría absolutamente nada.
Lo que resulta llamativo es la sucesión:
primero conocemos que existió aquella relación deportiva previa; después comprobamos que Dorinda formó parte de la Xunta Electoral que aprobó el Acta 08/26 y reconoció una denominada «Candidatura de Raquel Calleja» y sus interventores; posteriormente la encontramos personalmente presente en la Mesa del voto por correo y, según el relato presentado ante los órganos competentes, defendiendo activamente la apertura de los sobres frente a la petición de realizar previamente determinadas comprobaciones; y, finalmente, la propia Mesa decide no abrirlos hasta efectuar esas verificaciones.
Los escritos de recusación no piden que se presuma ninguna intención personal. Precisamente plantean la cuestión en términos de imparcialidad objetiva: si el conjunto de circunstancias externas y comprobables puede justificar que esta integrante de la Xunta Electoral no intervenga en decisiones directamente relacionadas con Raquel Calleja hasta que la situación quede aclarada.
Dos escritos para que la cuestión se aclare
Por eso se han utilizado dos vías.
Ante la Xunta Electoral, se solicita formalmente que Dorinda Garaboa se abstenga y, subsidiariamente, se plantea su recusación. También se pide que explique la naturaleza, duración y alcance de su relación pasada o presente con Raquel Calleja y que, mientras se resuelva la cuestión, no participe en decisiones directamente vinculadas a ella.
Paralelamente, ante el Comité Galego de Xustiza Deportiva, se han puesto los mismos hechos en conocimiento del órgano que controla en segunda instancia las decisiones electorales federativas. Allí se solicita, entre otras cosas, recabar documentación, pedir un informe a la empleada pública de la Secretaría Xeral para o Deporte presente en la Mesa y valorar conjuntamente todos los elementos desde la perspectiva de la imparcialidad objetiva.
No corresponde anticipar cuál será la respuesta de ninguno de esos órganos.
Tampoco se afirma aquí que exista una amistad actual entre Dorinda Garaboa y Raquel Calleja, que Dorinda actuase siguiendo instrucciones de Raquel o que existiese algún acuerdo entre ambas. No dispongo de prueba que permita realizar ninguna de esas afirmaciones.
Lo que sí existen son hechos documentados y una concatenación de actuaciones que justifican, como mínimo, pedir una explicación.
Porque en un proceso electoral la cuestión no debería reducirse únicamente a demostrar una parcialidad subjetiva. También debe preservarse la confianza en que quienes tienen encomendada la función de ordenar, controlar y resolver el proceso actúan con la necesaria distancia respecto de las personas directamente beneficiadas o afectadas por sus decisiones.
Y eso es justamente lo que ahora se ha pedido que se esclarezca.
La Mesa Electoral acordó no abrir los sobres hasta disponer de garantías suficientes sobre la legalidad del proceso, pese a que la representante de la Junta Electoral y el interventor acreditado por la controvertida “candidatura de Raquel Calleja” defendían continuar con el escrutinio.
El recuento del voto por correo de las elecciones de la Federación Galega de Xadrez, previsto para este martes 29 de septiembre en la sede de la Secretaría Xeral para o Deporte, no llegó a realizarse.
Y el motivo no es menor.
La Mesa Electoral decidió aplazar la apertura de los sobres hasta poder comprobar adecuadamente la trazabilidad de los votos por correo y disponer, según quedó recogido por escrito, de «todas las garantías de la legalidad del proceso».
Por qué es tan importante la trazabilidad
No estamos hablando de una comprobación burocrática ni de una cuestión accesoria.
Hace menos de un año, el Tribunal Supremo fijó una doctrina especialmente relevante en relación con el voto por correo en las elecciones de la Real Federación Española de Tenis de Mesa.
La STS 1288/2025, de 15 de octubre, estableció que el domicilio indicado por un elector para recibir la documentación electoral debe mantener una vinculación real, individualizada y verificable con ese elector. El Supremo añadió que las juntas electorales están facultadas para comprobar esa vinculación como garantía de la personalidad, autenticidad y transparencia del sufragio.
La sentencia resulta particularmente interesante porque aquel procedimiento se originó precisamente al detectarse una importante concentración de solicitudes de voto por correo en determinados domicilios.
En aquel caso existían 269 solicitudes remitidas a domicilios respecto de los cuales no constaba una relación individualizada con los electores; además, algunos de esos domicilios y direcciones de correo electrónico estaban vinculados a candidatos. El Supremo señaló expresamente como «posible indicio de fraude» que aproximadamente un centenar de personas hubiesen remitido sus solicitudes desde una misma dirección de correo electrónico.
Por tanto, una concentración de votos en un mismo domicilio no demuestra por sí misma que exista fraude, pero sí puede constituir un indicio que justifique comprobar qué ha sucedido antes de dar por bueno el procedimiento.
Eso es precisamente lo que se pretendía conocer en las elecciones de FEGAXA: a qué domicilios se envió la documentación, si existen domicilios utilizados por numerosos electores, qué coincidencias aparecen en las solicitudes y, en definitiva, si cada voto por correo ha seguido correctamente el procedimiento legalmente establecido.
Una protesta antes de abrir los sobres
Antes de iniciarse el recuento, uno de los interventores presentó una protesta formal solicitando que no se procediese a abrir los sobres hasta disponer de esa información.
La petición venía formulándose desde días atrás y reclamaba datos suficientes para comprobar la trazabilidad del voto por correo.
La Mesa tuvo entonces que decidir entre dos posibilidades: abrir inmediatamente los votos o esperar a realizar las comprobaciones.
Y fue en ese momento cuando la reunión alcanzó sus mayores momentos de tensión.
«Eso es mentira»
Según fuentes presenciales consultadas por este blog, Carlos Pena explicó durante la reunión que había hablado previamente con el responsable de una oficina de Correos para conocer si era posible obtener la información necesaria sobre los envíos.
Siempre según lo expuesto durante la reunión, desde Correos se le habría indicado que, si la Xunta de Galicia solicitaba formalmente los datos de trazabilidad, podrían facilitárselos sin mayores dificultades.
La reacción de la representante de la Junta Electoral fue especialmente vehemente.
Según las mismas fuentes presenciales, respondió de manera tajante que «eso es mentira», iniciándose a partir de ahí una discusión especialmente tensa.
Más allá de las palabras concretas utilizadas, llamó la atención la intensidad con la que desde la Junta Electoral se defendió la conveniencia de continuar inmediatamente con la apertura de los sobres, frente a una petición que simplemente pretendía efectuar previamente unas comprobaciones.
Junta Electoral y Dorado, en la misma posición
Y la representante de la Junta Electoral no estuvo sola defendiendo que se continuase inmediatamente con el recuento.
También José María Dorado Reboredo se opuso a esperar por la trazabilidad y defendió que se procediese a contar los votos, según las fuentes presentes en la reunión.
Dorado es precisamente el interventor que la propia Junta Electoral acreditó en su Acta 08/26 dentro del apartado denominado literalmente «Candidatura de Dª. Raquel Calleja Modia».
El documento oficial de la Junta Electoral identifica expresamente a José María Dorado como interventor de esa candidatura en la Mesa del voto por correo.
Se trata de la misma denominada «candidatura de Raquel Calleja» cuya existencia jurídica ha provocado ya diversas reclamaciones durante este proceso electoral (que continúan camino de contencioso-administrativo, por lo que un tribunal se pronunciará finalmente sobre ellas), al haberse reconocido interventores cuando todavía no se había abierto siquiera el procedimiento de elección de la Presidencia.
De este modo, durante la reunión se produjo una llamativa coincidencia de posiciones: tanto la representante de la Junta Electoral como el interventor acreditado por la denominada candidatura de Raquel Calleja defendían continuar inmediatamente con la apertura de los sobres.
Frente a ellos, se defendía esperar a disponer primero de la trazabilidad.
La representante de la Xunta: mejor comprobar ahora que repetir después
La postura de la representante de la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia fue diferente.
Según fuentes presenciales, consideró razonable realizar las comprobaciones antes de continuar y habría señalado que era preferible esperar a disponer de la trazabilidad que verse posteriormente obligados a repetir todo o parte del proceso.
Es decir, mientras desde la Junta Electoral se insistía en que podía procederse inmediatamente con los votos, desde la propia Administración autonómica se defendía una posición de mayor prudencia: comprobar primero y contar después.
Durante los momentos más tensos de la discusión, la representante de la Secretaría Xeral para o Deporte llegó incluso, según los testimonios recabados, a llamar al orden a los presentes.
El contraste entre ambas actitudes fue particularmente llamativo.
No corresponde afirmar sin más que existiera una actuación coordinada o prejuzgar las intenciones de nadie. Pero resulta difícil ignorar que, ante una comprobación que podía despejar definitivamente las dudas existentes, la Junta Electoral y el interventor de la denominada candidatura de Raquel Calleja coincidieran precisamente en la posición favorable a no esperar por esos datos.
Y la vehemencia con la que se defendió esa postura puede alimentar todavía más las dudas sobre la apariencia de neutralidad que debe presidir cualquier proceso electoral.
La Mesa decidió esperar
Finalmente, la decisión no correspondía ni a la representante de la Junta Electoral ni a los interventores.
Correspondía a la Mesa Electoral.
Y sus tres miembros adoptaron una decisión inequívoca.
En el documento manuscrito firmado tras la discusión puede leerse:
«La Mesa Electoral decide aceptar la petición para comprobar la trazabilidad de los votos y no abrir los sobres hasta tener todas las garantías de la legalidad del proceso».
Por tanto, los sobres quedaron sin abrir y el recuento fue aplazado.
El acuerdo tiene especial relevancia porque ya no estamos únicamente ante la reclamación de un candidato o de un interventor.
Es ahora la propia Mesa Electoral la que ha considerado necesario conocer y comprobar la trazabilidad antes de introducir los votos en las urnas y realizar el escrutinio.
Comprobar no significa acusar de fraude
Conviene insistir en una cuestión esencial.
Solicitar la trazabilidad no significa afirmar que haya existido fraude electoral.
Significa precisamente comprobar si lo ha habido o descartarlo.
Si todos los electores recibieron individualmente su documentación, si los domicilios utilizados tienen una relación real con las personas que los indicaron y si cada voto siguió correctamente el procedimiento correspondiente, la trazabilidad servirá para acreditarlo.
Pero si apareciesen concentraciones significativas de documentación electoral en determinados domicilios o cualquier otra circunstancia anómala, habrá que analizarlas.
Eso es precisamente lo que enseña la STS 1288/2025: el control del voto por correo no puede reducirse a comprobar al final que existen sobres. El Supremo señala que las garantías previas relativas a la recepción de la documentación electoral son también esenciales y que deben evitarse espacios de opacidad susceptibles de facilitar irregularidades.
Ahora toca conocer los datos
La pregunta fundamental queda, por tanto, pendiente:
¿qué mostrará la trazabilidad del voto por correo de FEGAXA?
La Mesa ya ha decidido que quiere conocerla antes de abrir los sobres.
Ahora corresponde que se facilite la información necesaria, se comprueben los datos y quede constancia documental de las verificaciones realizadas.
Solo después podrá efectuarse el recuento con las garantías que la propia Mesa ha considerado necesarias.
Y resulta especialmente significativo que, frente a las prisas por continuar que se manifestaron durante la reunión, hayan sido finalmente los tres miembros de la Mesa Electoral quienes hayan optado por parar, comprobar y solo después contar.
Un conflicto originado por la negativa de la FEDA a tramitar su cambio de bandera termina, más de una década después, con el Consejo Superior de Deportes obligado a pagar 40.000 euros más intereses. Arián González denuncia una paradoja: «Los responsables no pagan; pagamos todos los españoles»
El largo conflicto del Gran Maestro Arián González Pérez con la Federación Española de Ajedrez vuelve a tener una consecuencia muy concreta.
Dinero.
La Audiencia Nacional ha dictado el 21 de septiembre de 2026 un auto acordando la ejecución forzosa de una sentencia y requiriendo al Consejo Superior de Deportes para que abone a Arián González 40.000 euros de principal más el interés legal desde el 10 de mayo de 2021 hasta el completo pago.
AUTO DE EJECUCION
A los tipos legales acumulados durante más de cinco años, la cantidad se sitúa actualmente en el entorno de los 47.000 euros.
Y quien paga no es la Federación Española de Ajedrez.
Paga la Administración.
Es decir, la factura termina saliendo del presupuesto público.
Un conflicto que comenzó hace más de una década
El origen de este asunto se remonta a la negativa de la FEDA a tramitar el cambio de bandera de Arián González.
En diciembre de 2015, la Federación Española de Ajedrez denegó su solicitud. Aquella decisión fue recurrida y acabó generando una larga sucesión de procedimientos administrativos y judiciales.
Finalmente, una sentencia de 1 de febrero de 2021 anuló la resolución del Consejo Superior de Deportes que había confirmado aquella negativa y reconoció a González el derecho a que se solicitase su licencia de jugador de ajedrez bajo bandera española, tras realizar la FEDA los correspondientes trámites ante la FIDE. La propia Audiencia Nacional recoge expresamente este antecedente.
La sentencia de 2022 reconoce además algo especialmente llamativo: la controversia sobre la interpretación de la normativa federativa había dado lugar a recursos administrativos y judiciales durante siete años antes de que se produjera finalmente el cambio de bandera en marzo de 2021.
Arián lo resume de manera más sencilla:
«Esto empezó en 2013. Estamos hablando de años y años teniendo que litigar».
Después llegó una segunda batalla: la reclamación de responsabilidad patrimonial por los perjuicios que González afirmaba haber sufrido durante aquellos años sin poder competir bajo bandera española.
La Audiencia Nacional acabó reconociendo su derecho a ser indemnizado por los daños derivados de la imposibilidad de participar bajo bandera española en campeonatos autonómicos, españoles, europeos e iberoamericanos.
Y ahora esa indemnización tiene que ejecutarse forzosamente.
40.000 euros más intereses que no paga la FEDA
Aquí aparece la parte probablemente más incómoda del caso.
El conflicto nació de una decisión federativa. Fue la FEDA la que denegó el cambio de bandera en 2015 y fueron necesarios años de litigios hasta que los tribunales reconocieron el derecho de Arián a que se tramitase.
Pero la condena económica no recae ahora sobre la FEDA.
El auto de septiembre de 2026 requiere al Consejo Superior de Deportes para pagar los 40.000 euros más intereses.
Es precisamente este resultado el que Arián González considera difícil de aceptar.
Según explica:
«Los causantes de las irregularidades y de los daños no pagan. Paga la Administración y, por tanto, todos los españoles».
Conviene hacer aquí una precisión importante: esta es la valoración de Arián sobre las responsabilidades personales. La Audiencia Nacional no ha declarado en estas resoluciones que determinados dirigentes de la FEDA deban responder personalmente de los 40.000 euros.
Pero el resultado económico sí es objetivo: una controversia surgida de una decisión de la Federación Española de Ajedrez termina generando una indemnización que tiene que satisfacer el Estado.
Arián intentó que se depurasen responsabilidades en la FEDA
González no se limitó a reclamar una indemnización.
En marzo de 2021 denunció ante el Consejo Superior de Deportes al entonces presidente y al secretario general de la FEDA y solicitó que se diese traslado al Tribunal Administrativo del Deporte para la apertura de un expediente disciplinario. Alegaba, entre otras cuestiones, incumplimiento de la normativa federativa y actuaciones que consideraba abusivas o discriminatorias.
El CSD tramitó aquella denuncia, dio traslado a la Federación para que formulase alegaciones y posteriormente decidió que no procedía solicitar al TAD la incoación de un expediente disciplinario.
Arián llevó también esa decisión a los tribunales.
Y perdió.
La Audiencia Nacional concluyó en 2022 que, aunque la decisión del CSD era susceptible de control judicial, González carecía de legitimación para exigir que se incoase un procedimiento sancionador contra los dirigentes federativos.
La Sala recuerda que un denunciante no adquiere por el mero hecho de denunciar un derecho a conseguir que otra persona sea sancionada y consideró que, en aquel procedimiento concreto, Arián no acreditaba un derecho o interés legítimo que resultase afectado por la eventual sanción de los denunciados.
Por eso es importante no simplificar lo ocurrido diciendo que «nadie quiso investigar».
El CSD sí examinó los hechos, pidió alegaciones a la FEDA y motivó su decisión. La Audiencia Nacional consideró además que aquella respuesta era suficientemente razonada.
Lo que el sistema negó a Arián fue otra cosa: la posibilidad de exigir judicialmente que aquella denuncia terminase en la apertura de un procedimiento disciplinario contra los dirigentes de la Federación.
El problema de fondo: ¿quién responde cuando una decisión federativa causa un daño?
Y aquí aparece una cuestión mucho más interesante que el caso individual.
Arián González considera que existe una auténtica laguna de responsabilidad en el deporte federado.
Un deportista puede necesitar años de tribunales para conseguir que se reconozca que una determinada decisión no era conforme a Derecho. Puede conseguir posteriormente una indemnización por los daños ocasionados.
Pero eso no significa necesariamente que pueda obligar a la Administración a abrir un expediente contra las personas que él considera responsables.
El resultado, en este caso, es peculiar:
el deportista cobra, los dirigentes federativos no soportan personalmente esa indemnización y el dinero sale de la Administración.
Arián lo plantea en términos muy duros:
«Tiene que haber responsabilidades. Y no las hay».
Su crítica se dirige fundamentalmente a un sistema en el que, a su juicio, existe una enorme distancia entre la declaración de un daño y la posibilidad de exigir responsabilidades personales a quienes adoptaron las decisiones que lo originaron.
La sentencia de 2022 no avala esa conclusión política o institucional de Arián, pero sí permite constatar la situación jurídica que está detrás de ella: el propio tribunal declaró que González no podía exigir la incoación del procedimiento sancionador contra el presidente y el secretario general de la FEDA.
Y todavía hubo que forzar judicialmente el pago
Hay además un último elemento especialmente llamativo.
La sentencia indemnizatoria quedó firme el 1 de septiembre de 2025. Ese mismo mes fue remitida a la Administración para que procediese a su cumplimiento.
El oficio fue recibido por la Administración el 2 de septiembre de 2025.
Sin embargo, transcurrió el plazo legal sin que se produjera el cumplimiento, y Arián tuvo que instar la ejecución forzosa.
Un año después, el 21 de septiembre de 2026, la Audiencia Nacional concluye que procede ejecutar forzosamente la sentencia y requiere al CSD para que pague.
Es decir, después de más de una década de conflicto, ni siquiera la existencia de una sentencia firme puso inmediatamente punto final al asunto.
Federaciones deportivas: poder público sin responsabilidad personal
Arián amplía su crítica al propio diseño institucional de las federaciones deportivas.
Habla de estructuras excesivamente cerradas, de escaso control efectivo sobre los dirigentes y de sistemas electorales que, en su opinión, facilitan presidencias extraordinariamente prolongadas.
Son valoraciones personales del Gran Maestro, y no pronunciamientos de la Audiencia Nacional.
Pero el caso plantea una pregunta que merece ser respondida:
cuando una federación ejerce funciones públicas delegadas y una decisión adoptada en ese ámbito termina ocasionando un perjuicio indemnizable, ¿es suficiente que la factura recaiga simplemente sobre la Administración?
Porque aquí no hablamos ya de una discusión abstracta sobre reglamentos de ajedrez.
Hablamos de alrededor de 47.000 euros de dinero público.
El auto establece 40.000 euros de principal y más de cinco años de intereses.
Y esos intereses continúan aumentando hasta que se produzca el pago.
Al final, las malas decisiones también tienen una factura
El caso Arián González deja una enseñanza incómoda.
Durante años se discutió si tenía derecho a competir bajo bandera española.
Tuvo que recurrir.
Ganó aquel derecho.
Después reclamó por los perjuicios sufridos.
Volvió a litigar.
Obtuvo una indemnización.
Intentó además que se depurasen responsabilidades disciplinarias entre los dirigentes federativos que él consideraba responsables.
Los tribunales concluyeron que no estaba legitimado para exigirlo.
Y cuando finalmente obtuvo una sentencia indemnizatoria firme, tuvo que acudir nuevamente a la Audiencia Nacional para conseguir su ejecución.
El resultado final es difícil de ignorar:
40.000 euros más intereses, cerca ya de 47.000 euros, que salen del presupuesto público.
La FEDA no tendrá que pagar esa cantidad.
Los dirigentes a los que Arián atribuye personalmente la responsabilidad tampoco tienen que abonarla como consecuencia de estas resoluciones.
La paga el Consejo Superior de Deportes.
La pagamos todos.
Y quizá esa sea la reflexión más importante de este caso: cuando los mecanismos de control del deporte federado fallan, las consecuencias pueden durar más de una década y la factura final puede acabar en el bolsillo de todos los contribuyentes.
Hoy me juego en Vilagarcía el segundo puesto del Circuito gallego de Ajedrez (último torneo!)
y mañana en Vimianzo el primer puesto del Circuito provincial de ajedrez de la Diputación de Coruña (a falta de otro torneo)
Pero la lucha por los valores democráticos no admite descanso, por lo que desde las seis de la mañana redactando Denuncia a las actuaciones de la Junta electoral ante la Secretaría Xeral del Deporte,
Esta denuncia es complementaria de al menos otras siete u ocho recuros y denuncias realizadas por diversas personas.
Me preguntan amigos si realmente merece la pena este desgaste de tiempo, energía (y después dinero en los procesos judiciales), ya que no tengo ningún interés personal en quién dirija la Federación. Pues precisamente por eso creo que merece la pena, luchar para reglas de juego limpias e intentar que el ajedrez gallego no se divida entre lo que les parece bien todo y los que no.
Estos días ya ha aparecido un primer mantra: que quienes cuestionamos determinadas actuaciones estamos «dividiendo al ajedrez gallego». Sospecho que el segundo llegará pronto: «estáis judicializando el deporte».
Pero conviene explicar qué significa realmente eso.
En unas elecciones federativas existe una cadena de controles perfectamente prevista por la normativa. Primero resuelve la Xunta Electoral de la propia federación. Sus decisiones pueden recurrirse ante el Comité Galego de Xustiza Deportiva, órgano administrativo de la Xunta. Y, agotada la vía administrativa, existe la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Por tanto, acudir finalmente a un juez no significa sacar el deporte de su ámbito natural. Significa utilizar la última garantía prevista por el propio sistema.
Lo verdaderamente extraño sería lo contrario: que una federación pudiera organizar sus elecciones, resolver internamente todas las reclamaciones y que ninguna decisión pudiera ser revisada desde fuera.
Por eso me llama la atención que la palabra «judicializar» se utilice casi siempre con sentido negativo. Mientras todo queda dentro de la propia estructura deportiva, parece formar parte de la normalidad. Cuando aparece la posibilidad de que un juez independiente revise lo sucedido, entonces parece surgir el problema.
Yo lo veo exactamente al revés.
Recurrir no es atacar a una institución. Es utilizar las reglas que esa misma institución y la ley han establecido para resolver los desacuerdos.
Y si las decisiones están bien fundamentadas, los hechos correctamente acreditados y las normas correctamente aplicadas, el control judicial no debería preocupar a nadie.
Por eso, si finalmente alguien afirma que estamos «judicializando el ajedrez gallego», mi respuesta será sencilla:
No se judicializa el deporte por utilizar los recursos previstos en la ley. Pedir que una decisión pueda ser revisada por un juez independiente no es una anomalía del sistema. Es una garantía del sistema.
PD: ya he presentado mi recurso de reposición ante el CGXD y una Denuncia autónoma de los hechos, soy perfectamente consciente de que es difícil que el mismo que emitió una resolución se corrija así mismo, pero quiero agotar todas las posibilidades antes de «judicializar el deporte».
El Comité Galego de Xustiza Deportiva acaba de desestimar los recursos relacionados con la polémica designación de interventores en las elecciones de la Federación Galega de Xadrez. Pero conviene explicar bien qué significa esta resolución: el Comité no ha entrado en el fondo de la cuestión.
Quienes llevamos años peleando con la Administración y ante la jurisdicción contencioso-administrativa sabemos que esto es bastante habitual. Antes de analizar si lo denunciado es correcto o incorrecto, el órgano que resuelve examina si se ha seguido exactamente el camino procesal adecuado, si quien reclama está legitimado y si cada cuestión fue planteada previamente ante el órgano correspondiente.
En mi caso seguí la secuencia Junta Electoral–Comité Galego de Xustiza Deportiva. Sin embargo, el Comité considera ahora que la propia Junta Electoral se equivocó al admitir inicialmente mi reclamación, porque yo no era candidato ni elector en estas elecciones y, por tanto, entiende que carecía del interés directo necesario para plantearla.
Eso provoca un efecto en cadena. Los recursos posteriores de otros candidatos y por tanto directamente interesados, tampoco permiten al Comité entrar ahora en determinadas cuestiones porque, según la resolución, se incorporaron al procedimiento cuando este ya estaba en marcha. El Comité considera que debieron haber presentado ellos mismos esas reclamaciones previamente ante la Junta Electoral.
Puede resultar frustrante, incluso indignante, comprobar cómo cuestiones aparentemente importantes quedan sin respuesta por razones procesales. Pero en el derecho administrativo esto ocurre constantemente.
Después de muchos años de recursos, reclamaciones y procedimientos, uno aprende que avanzar rara vez significa hacerlo en línea recta. A veces se avanzan dos pasos, una resolución obliga a retroceder uno y hay que presentar un nuevo escrito para volver a avanzar.
Lo importante aquí es que el fondo sigue abierto. El propio Comité deja expresamente claro que no se pronuncia sobre si los nombramientos de interventores fueron legales o ilegales ni sobre las restantes irregularidades denunciadas. Ahora toca volver al punto procesal que señala la resolución y continuar.
ACTUALIZACIÓN: Me consta que al menos un candidato legitimado ha presentado ya de nuevo denuncia ante la Junta Electoral de estos hechos, por lo se volverá al fondo de la cuestión.
Por mi parte, presentaré hoy un recurso de reposición ante el Comité de Xusticia deportiva y una Denuncia independiente del recurso ante el mismo comité.
Como siempre en administrativo, te envían un paso atrás, para que vuelvas a intentar dos hacia delante. Esto va a ser así los próximos 4 años con la FEGAXA.
